Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses han propuesto, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en principio solo tendrían que acudir al centro penitenciario a dormir entre semana.
Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, las cárceles han revisado este jueves la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas presos, que desde el pasado mes de enero están en segundo grado, aunque flexibilizado con el artículo 100.2, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.
Con la propuesta de las juntas de tratamiento, que en un plazo máximo de dos meses debe ser ratificada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para hacerse efectiva, los presos del "procés" tendrían que ir únicamente a dormir a la cárcel, de lunes a viernes, y pasarían el fin de semana en sus casas.
Los reclusos podrán acceder a la libertad en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía -que hasta ahora se ha opuesto a todas las flexibilizaciones penitenciarias de los presos- ante el juzgado de vigilancia y, a diferencia del 100.2., la última palabra la tendría el Supremo, como tribunal sentenciador.
Con el tercer grado, los nueve internos podrían ir a dormir a centros penitenciarios abiertos, a las llamadas "unidades de dependientes" -viviendas compartidas para presos en semilibertad bajo supervisión- o incluso a su casa, si se les aplicara en un futuro el artículo 86.4 del reglamento penitenciario que se utilizó para excarcelar reclusos durante la pandemia.
A diferencia del pasado mes de diciembre, en que las juntas de tratamiento propusieron el segundo grado a los líderes del "procés" en contra del criterio de algunos de sus miembros, la decisión de hoy ha sido acordada de forma unánime por la treintena de técnicos que integran los equipos de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses.
Los líderes del "procés" tienen la posibilidad de acceder al régimen de semilibertad cuando llevan internos entre dos años y medio y tres y, desde el pasado mes de febrero, disfrutan de salidas semanales para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares dependendientes.
En la rueda de prensa, Calderó ha precisado que las juntas se han reunido simultáneamente a las 9 horas de esta mañana para "proteger de amenazas y coacciones a los funcionarios de la Generalitat", después de que en pleno confinamiento por la pandemia el Tribunal Supremo advirtiera de que actuaría contra ellos si excarcelaban a los líderes independentistas.
La decisión de proponer la semilibertad a los presos del "procés" la han adoptado 30 profesionales diferentes de las tres cárceles que, ha precisado el secretario, han valorado la conducta, la adaptación al centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes y el riesgo de reincidencia de los internos.
En ese sentido, ha insistido en que los funcionarios "deben trabajar en libertad", por lo que ha hecho un llamamiento a confiar en los profesionales, y ha pedido que "nadie se equivoque de adversario" criticando las decisiones de las juntas puesto que éstas no deben ser "armas arrojadizas".
Calderó ha mantenido que la cárcel "no es espacio ni para el castigo ni para la venganza, sino un ámbito de rehabilitación", un principio reconocido en el Estatut y la Constitución que, en su opinión, debe tener en cuenta "todo el mundo, incluso los que blanden la Carta Magna cada día".
El secretario ha invocado el artículo 72.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que impide mantener clasificado en un grado inferior a un preso que reúna las condiciones para acceder al superior.
Ante las tentaciones de atacar las decisiones de los funcionarios de las cárceles, Calderó ha alertado de que la ejecución de la sentencia del "procés' no está sobre la mesa de ningún conseller ni presidente" de la Generalitat, porque si dependiera del Govern "nunca habrían estado en la cárcel".
En opinión del secretario, "ninguna convicción personal de ningún conseller o miembro de la junta de tratamiento puede modificar ninguna sentencia", por lo que atribuir las decisiones sobre los presos a motivos partidistas sería "mirar al dedo y no a la Luna".
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha expresado este jueves al conocerse la propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para calificarle en tercer grado: "Ningún tribunal nos impedirá ejercer derechos fundamentales".
En un tuit se ha mostrado "totalmente convencido de la legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil como instrumentos para transformar la sociedad".
"Hicimos lo que teníamos que hacer", ha añadido en su mensaje después de que la Conselleria de Justicia ha explicado que las juntas de tratamiento de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han acordado el tercer grado para todos los condenados por el 1-O.
