madrid. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, alertó ayer que hoy se pueden producir "situaciones violentas" en la convocatoria de Asedia el Congreso y justificó las posibles cargas policiales con el argumento de que los manifestantes que secunden el llamamiento "pueden incurrir en delitos contra las instituciones del Estado, penados con varios años de cárcel". "Los madrileños tienen que saber que mañana (por hoy) en el entorno del Congreso es previsible que se produzcan situaciones de violencia, tal y como están anunciando los propios convocantes a través de las redes sociales porque van a ejercer la violencia utilizando además todo tipo de instrumentos, herramientas y artilugios que tengan a su alcance", dijo Cifuentes en esta estrategia para criminalizar a los convocantes de la protesta.
Apelando a este discurso del miedo, la delegada del Gobierno insistió en que ciudadanos que tengan intención de participar en esta concentración ilegal "tienen que saber que sus promotores tienen la intención de ejercer la violencia". La delegada aludió a un supuesto manual de "guerrilla urbana" atribuido a los promotores de la concentración, la plataforma En Pie, un manual en el que "están incluso hablando de un tipo de cóctel molotov que se pueda adherir a las prendas de los policías".
Pero no fue sólo el frente policial el que agitó ayer el Gobierno frente a este movimiento, también activó el frente judicial. Así el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya ha abierto diligencias previas de investigación tras recibir una comunicación del Ministerio del Interior en la que se daba cuenta de la convocatoria para "asediar de forma indefinida" el Congreso de los Diputados desde hoy. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en previsión "de que los hechos pudieran constituir un delito contra las Instituciones del Estado".
