barcelona. En vísperas de la manifestación internacional de mañana domingo, el movimiento de los indignados se desmarcó ayer de la violencia con la que actuaron algunos de los concentrados ante el Parlament, mientras la Policía rastrea imágenes de prensa e Internet para identificar a los alborotadores.
Dos días después de la concentración de indignados para impedir el debate presupuestario en el Parlament, sigue abierta la polémica sobre la suficiencia del despliegue policial para proteger a los diputados, lo que llevó ayer al vicepresidente español, Alfredo Pérez Rubalcaba, a ofrecer apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional para frenar posibles actos vandálicos, siempre que la Generalitat lo solicite.
En una convocatoria inusual en su movimiento, AcampadaBCN organizó ayer una rueda de prensa para desmarcarse de la violencia y expresar su rechazo a agresiones como las del pasado miércoles, cuando algunos grupos increparon, zarandearon, escupieron y pintaron a diputados que intentaban llegar al Parlament.
Los indignados de Barcelona insistieron en que son un movimiento pacífico, por lo que piden a los grupos violentos que no acudan a la manifestación internacional convocada para mañana, una movilización que ayer apoyaron ICV-EUiA, entre otros. Tras precisar que su intención nunca fue impedir la entrada de los diputados al Parlament, sino crear un cordón simbólico frente a la cámara catalana en contra de los presupuestos, los indignados se quejaron de que se han "sobredimensionado" los incidentes con el propósito de criminalizar su movimiento.
en libertad Por su parte, los cinco detenidos en los incidentes que ayer pasaron a disposición judicial quedaron en libertad acusados de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, igual que el único arrestado que compareció el jueves en el juzgado, sin que la Fiscalía pidiera ninguna medida cautelar contra ellos. La causa contra esos seis detenidos sigue abierta, aunque por el momento la Fiscalía les acusa sólo de enfrentarse a los Mossos d'Esquadra, sin vincularlos a los actos para impedir la actividad de los parlamentarios, que el Código Penal castiga con penas de hasta cinco años de cárcel.
Paralelamente a esas diligencias, los Mossos d'Esquadra han entregado ya un atestado básico sobre los incidentes ocurridos frente al Parlament, pero mantienen abierta su investigación sobre las agresiones a diputados, analizando las imágenes difundidas por los medios de comunicación y por Internet, y han conseguido ya identificar a varios autores de esas acciones violentas.
El propósito del Departamento de Interior es presentar acusaciones "sólidas" contra los violentos, para que la investigación judicial prospere con indicios suficientes y puedan depurarse las responsabilidades penales que correspondan, según un portavoz de la consellería.
Las críticas contra el movimiento de indignados prosiguieron ayer y el conseller de Interior, Felip Puig, volvió a advertir de que "no se puede permitir mucho tiempo más" la acampada en la plaza Catalunya y calculó que en Barcelona hay entre 300 y 600 personas que son "profesionales del desorden público y de la violencia urbana". Señaló que con esta ocupación se está evitando que miles de ciudadanos puedan ejercer su derecho a disfrutar del espacio comunitario.
