a aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 gracias a los votos de la mayoría de la investidura proporcionaron al Gobierno de Pedro Sánchez la necesaria estabilidad para afrontar un año complicado social, política y económicamente y que va a ser clave para la recuperación pospandemia. Una tranquilidad relativa, toda vez que la situación general sigue siendo complicada y de que la derecha, con el PP a la cabeza, está empeñada en utilizar toda su artillería -incluida la manipulación- para desalojarle de La Moncloa, aprovechando el ciclo electoral autonómico, empezando por Castilla y León. Sánchez es plenamente consciente de ello y todo hace indicar que está dispuesto a adaptar su hoja de ruta en el objetivo de agotar la legislatura o alargarla lo máximo posible. El calendario legislativo del Gobierno para 2022 parece ir en esta línea. Es indiscutible que la recuperación económica ligada a la recepción de los fondos europeos -y, por ello, al cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas- es la máxima prioridad en estos momentos. Pero esto no quiere decir que se olviden o se aparquen otras cuestiones que tienen que ver también con compromisos internos y con sus socios de legislatura. De ahí que sorprenda que el Plan Normativo previsto por el Gobierno para este año obvie las cuestiones más espinosas y que a buen seguro constituirían elementos de fricción que serían aprovechados por la derecha con fines electoralistas para mantener el clima de confrontación y de ataque directo a Sánchez. Sobre todo, en asuntos de interés político y social para Euskadi y Catalunya y, por tanto, para una parte sustancial del apoyo parlamentario al Ejecutivo. No abordar este año -lo que en la práctica supone que ya no lo serán en la legislatura- cuestiones como la reforma del Código Penal -lo que implica que no se tocan las penas por sedición y rebelión-, la Ley de la Corona ni, previsiblemente, la Ley de Secretos Oficiales que impide investigar crímenes del GAL y fuerzas del Estado y, en cambio, priorizar otras que prevén la uniformización y recentralización de competencias y servicios puede parecerle rentable al Gobierno a corto plazo, pero supone una afrenta para sus socios, irritados ya por otros incumplimientos de compromisos y la cerrazón en negociar la reforma laboral. Una apuesta peligrosa para Sánchez.