uando se inicia hoy la quinta semana ya desde el arranque del curso escolar en Euskadi, el tiempo transcurrido desde que el 7 de septiembre más de 370.000 alumnos regresaran a las clases presenciales tras seis meses de parón debido a la pandemia de covid-19 y los datos objetivos sobre la incidencia del virus en este ámbito permiten realizar un balance provisional, mediatizado por el debate suscitado -incluida una huelga- sobre las medidas de seguridad adoptadas. En general, puede afirmarse que este inicio de curso ha transcurrido, con todos sus condicionantes, por los cauces que la denominada nueva normalidad permite en estas circunstancias y en un sector tan sensible socialmente como la educación. Aunque ello no prejuzga el devenir completo del curso, puede concluirse que se trata de un buen comienzo, sobre todo porque los alumnos han podido disfrutar de la insustituible educación presencial, con todo lo que ello conlleva, tanto en lo referente a su formación como también a su necesaria socialización. Los datos referidos a la incidencia del covid-19 en las escuelas vascas durante este periodo muestran una estabilización en el número de contagiados -al igual que en el conjunto de la sociedad: nada sorprendente, por otro lado-, con alrededor de 180 aulas clausuradas, lo que representa poco más del 1% de las 17.554 clases del sistema educativo no universitario de Euskadi. El plan Bizi Berri II, analizado el viernes en la reunión del consejo asesor del Plan de Protección civil de Euskadi (LABI) contabilizaba hasta el 27 de septiembre un total de 710 escolares contagiados, sin que se hayan producido infecciones entre escolares y sin que se haya cerrado un solo centro. Nada, por tanto, del caos apocalíptico que con intencionalidad ajena a la realidad educativa predijeron los sindicatos, nada cercano a la “falta absoluta de medidas de seguridad”, a la “improvisación” y a la “irresponsabilidad” que criticaron en el Departamento de Educación. Las propias centrales deberían reflexionar sobre si, a la vista de la realidad en las aulas, su huelga “por un retorno presencial seguro y consensuado” estuvo justificada y aportó algo. Con todo, al curso le quedan aún ocho meses trascendentales en los que debe afianzarse la seguridad. Es preciso, por tanto, serenar los ánimos y abrir un diálogo sincero y leal para el que el consejero Jokin Bildarratz ha vuelto a tender la mano.