No sueltan presa Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ni Yolanda Díaz, vicepresidenta española, aunque la tienen cogida por las hojas, como al rábano. El equilibrio entre salario justo y sostenibilidad de las empresas no va de lo que ganan la una y el otro. Va de que ni un salario mínimo garantiza por sí solo un poder adquisitivo suficiente frente a los precios ni un sueldo de miseria asegura el éxito empresarial. Pero es más morbosillo, y estéril, debatir los emolumentos de Antonio y Yolanda.

Quizá algo de eso hay también en la huelga general convocada para marzo en Hegoalde y que lideran ELA y LAB. Ayer se sumaron varias asociaciones que, además de reclamar un Salario Mínimo Interprofesional, específico pero común a los territorios forales pese a la diversidad de su perfil socioeconómico, piden a la clase trabajadora que pare frente al sistema “capitalista patriarcal, ecocida y racista y que ha puesto al mundo del revés, propagando tendencias autoritarias y fascistas”, en palabras de Iñaki Moreno y Saioa Ropero, que presentaron en Iruñea la ampliación de plantilla de los convocantes.

La gota que colma

El toro penal por los cuernos

Evolución de grado de presos. La progresión a tercer grado de José Ramón Carasatorre, preso de ETA condenado por varios asesinatos -entre ellos el de Gregorio Ordóñez- vuelve a causar un debate que mezcla sistema penal -que acumula condenas de cientos de años- con penitenciario -limitado con carácter general a 30 años de internamiento-. La progresión de grado de los presos de ETA en el último año se produce tras una media de 20-25 años de cárcel -con excepción de Txeroki, que ha cumplido 17-. Debatir si debemos tirar la llave de algunos presos es lícito; pero, definida la norma, saltársela no lo es.

El día de la huelga tiene que declarar en un juzgado de Madrid el exnúmero 2 de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual. José Ángel González ha dimitido -o ha sido dimitido- pero el que se juega el puesto de ministro es Grande-Marlaska al poner su cargo a disposición de la denunciante, si es que cree “que la ha fallado”. Desde luego, en el cuerpo policial, no ha acertado nadie ni para evitarlo ni para arroparla.

A ver lo que le cuesta a la víctima el proceso. Porque al exfiscal general García Ortiz el Supremo le calza unas costas de casi 80.000 € que se habría gastado la pareja de Ayuso en el juicio. Consultado al respecto el oráculo de nuestro tiempo -ChatGPT- me dice que el coste medio de un caso así andaría en los 20.000 €. Así que, si me veo en el brete, se lo encargare a una IA y que se apañe con el Tribunal. Perderé mucho más barato.