La quiebra de Thomas Coook Group, el segundo mayor turoperador del mundo, el más antiguo y el primero en comercializar viajes organizados ya a mediados del siglo XIX, es un nuevo nefasto ejemplo del ámbito virtual en el que se ha habituado a operar la economía, especialmente en determinados sectores, y de la falta de control sobre negocios y actividades que afectan directamente a cientos de miles de personas; también a millones de contribuyentes cuyos impuestos deben emplear las administraciones públicas para afrontar las consecuencias. Es el caso de la repatriación de los 600.000 turistas (150.000 británicos) afectados por la quiebra tras la suspensión de los vuelos -46 solo ayer en el Estado español, según Aena- de un grupo que contaba con 105 aviones y más de 200 complejos hoteleros en todo el mundo; algo que ya sucedió hace dos años con la quiebra de Monarch Airlines (entonces la segunda agencia británica tras Thomas Cook), que afectó a 300.000 reservas y obligó a 110.000 repatriaciones; o a menor escala, en el propio Estado español, con la bancarrota de Viajes Marsans en 2010. El mero hecho de que en todos esos casos se permitiera a las compañías seguir operando cuando las probabilidades de quiebra eran más que conocidas por los reguladores meses antes -lo que también recuerda a lo sucedido con el sector bancario español- y la indiferencia con que se ha tolerado la desaforada carrera de inversiones en numerosos casos, incluyendo el de Thomas Cook hasta el pasado año, para ganar volumen con el único fin de convertirse en too big to fail, demasiado grande para que el Gobierno permitiese su quiebra, ya proporciona interrogantes rotundos de los controles sobre las finanzas y actividades de determinados sectores y empresas. Si además, como sucede con el turoperador británico, la quiebra afecta a nada menos que 22.000 empleos (2.500 en España, 9.000 en Gran Bretaña) e incide en el sector turístico de numerosos países -Thomas Cook trasladó a 7 millones de turistas al Estado español en 2018-, la exigencia de responsabilidades por las carencias en la supervisión debería ir más allá de la obligada asunción puntual del remedio, es decir, de las consecuencias inmediatas, para extenderse a las derivadas de la permisividad previa con procesos de concentración y predominio sectorial apoyados en doping financiero y a la postre inconsistentes.
