El próximo lunes se cumplen cincuenta días desde que los ciudadanos depositaron en las urnas la papeleta con el listado de candidatos a escaño en el Congreso y el Senado. Y de que el equilibrio de fuerzas redujera las posibilidades de formar gobierno a los apoyos que lograra recabar Pedro Sánchez para ampliar su mayoría relativa -o, si se prefiere, minoritaria- de 123 escaños. Ayer, el cierre de la primera ronda de contactos del PSOE con el resto de los partidos no se tradujo, sin embargo, en novedad alguna más allá de que Podemos siga dejándose querer y queriendo un sitio en el gobierno; de que C’s y PP, en su pugna por la derecha, rechacen la abstención que les sugiere Pedro Sánchez; de que ERC no cierre, con condiciones, la puerta a hacerlo; o de que PNV y JxCat utilizaran una expresión similar que aunque pueda no compartir rotundidad es real como la vida misma: de momento no se dan las condiciones para apoyar la investidura del socialista. Cierto es que entre tanto se han celebrado otras elecciones y cerrado otros pactos locales o autonómicos, pero el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha cerrado apenas el acuerdo que se daba por hecho ya el 28A con el partido de Revilla. Y fuentes cercanas a los socialistas ya posponen la sesión de investidura a la segunda mitad de julio, dado que Sánchez tiene Consejo Europeo los días 20 y 21 de este mes para la aprobación de la agenda estratégica de la UE y del proceso de designación de los cargos más relevantes de la Unión, viaja a Japón la última semana de junio para el G-20 y hay programada una cumbre europea en Ucrania en torno al 8 de julio. De confirmarse, como parece, ese calendario y siempre y cuando para entonces Pedro Sánchez haya logrado los apoyos o abstenciones que necesita, la legislatura no comenzaría en la práctica hasta tres meses después de las elecciones y, como mucho, quince días antes de agosto, habitual mes inhábil en lo parlamentario, con lo que cuando las decisiones urgen en tantos ámbitos -laboral, cambio climático, crisis territorial, reformas sociales, igualdad...-, también concretas respecto a Euskadi, el Estado habrá tenido un gobierno en funciones, es decir, limitado en su legitimidad para tomar decisiones en las principales políticas, desde mediados de abril hasta después del verano. ¿Quién paga la ronda?
