Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al último trimestre de 2018 ratifican la tendencia de creación de empleo que permite a Euskadi situarse con una tasa de paro por debajo del 10% (9,58%). Se confirman así de nuevo por adelantado las previsiones realizadas por el Gobierno Vasco para el final de la legislatura y se cierra el primer ejercicio desde el inicio de la crisis hace ya más de una década con menos de 100.000 desempleados (98.700, casi diez mil menos que un año antes). Ahora bien, la tendencia positiva del empleo, que se va acercando al millón de ocupados (930.600, 14.800 más que en 2017), también presenta aspectos no tan positivos a tener en cuenta. No solo por la ralentización de la economía que se anuncia y su incidencia en el mercado de trabajo o por la comparación de los porcentajes del tercer trimestre con los del Estado que algunas centrales sindicales han esgrimido obviando la situación global que los determina -la tasa de paro es 5 puntos menor en Euskadi-, sino en cuanto a la calidad del empleo, su distribución sectorial y su homogeneidad en toda la pirámide demográfica. Son características que se mantienen en el tiempo y que, aun en cuantía distinta, también son comunes a la creación de empleo que se ha producido en el Estado. Así, no se puede ocultar que el impulso se apoya en el incremento del empleo público; tampoco la pérdida de puestos de trabajo (15.400) en el sector industrial; ni la persistencia del paro de muy larga duración (un tercio de los desempleados lleva ya más de dos años en esa situación) o la escasa recuperación del empleo de jóvenes menores de 25 años. Mucho menos que el aumento de la contratación indefinida se puede considerar al menos relativo ante el incremento de la tasa de temporalidad (26,5%) y del número de ocupados a tiempo parcial (16,4%), en ambos casos con una incidencia especial en el caso de las mujeres (29% y 26% respectivamente). Son datos que deberían matizar el optimismo por la propia precariedad del empleo que dibujan y su incidencia social, reflejada tanto en el nulo repunte de la creación de nuevos hogares como en su incidencia en el sistema de previsión, toda vez que el aumento del número de cotizantes no se corresponde, en cuantía de cotizaciones, con las necesidades que plantea el mismo.
