La detención de tres menores, dos de 14 años y otro de 16, como presuntos partícipes en el homicidio de un matrimonio de 87 años en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga el pasado jueves ha vuelto a sacudir la conciencia de una sociedad desacostumbrada a actitudes criminales de tanta violencia y anonadada porque estas se den a edades tan tempranas. Pero, al tiempo, desata la alarma ante la absoluta falta de empatía social y humana de preadolescentes instalados en la exclusión y la marginalidad. No en vano, la repentina sucesión de crímenes y delitos cometidos por menores, aun siendo excepcional en nuestra sociedad, debe llevar al análisis pormenorizado y profundo de sus causas y, con las debidas precauciones, a tomar conciencia, tanto desde la propia ciudadanía como desde las instituciones que la representan, de que los menores delincuentes son, aun considerando la justa dimensión del fenómeno entre nosotros, una realidad que se debe afrontar desde el absoluto respeto de los derechos pero también desde la prevención y, en su caso, con la actitud más severa y decidida. Porque el respeto y la defensa de un sistema garantista como el nuestro no debe caer en el error del automatismo o la laxitud por parte de quienes tienen encomendado el seguimiento y control de los menores que bordean o directamente se incorporan a la delincuencia. La protección de los valores que caracterizan a nuestra sociedad son un acuerdo de convivencia que deben cumplir también quienes, por edad, se hallan todavía en proceso de asunción plena de los mismos. No se trata de hurgar en el sistema en busca de grietas o fallas por las que quien ha vivido y crecido en un entorno desestructurado o delictivo haya podido eludir las herramientas y prevenciones con que la sociedad se ha dotado para intentar una reeducación que en la mayoría de los casos tiene éxito. Más bien al contrario. Determinarlas servirá para, en primer lugar, conocer la verdadera responsabilidad que en la actitud criminal de algunos menores llega a tener su propio entorno como responsable de su tutela. Solo tras un análisis amplio de todos estos aspectos cabe plantear una modificación de la legislación más razonada que una mera rebaja de la edad penal; también a comprender las dificultades, incluso legales, que supone la asunción de la tutela de los menores conflictivos y su custodia por las instituciones.