La crisis económica, de alcance mundial pero que ha tenido un impacto especialmente duro en el Estado español y también en Euskadi, ha dejado secuelas importantes que la progresiva situación de recuperación no ha terminado de cicatrizar, aunque con incidencias y efectos muy distintos en cuanto a la profundidad y dimensión de las mismas, así como en diferencias territoriales. Podría concluirse que el impacto de la crisis sobre la calidad de vida -entendida en toda su dimensión, desde el punto de vista personal, económico y social- de los ciudadanos ha sido directamente proporcional a la robustez de los atributos que objetivamente comprenden el sistema social e institucional que definimos como estado de bienestar. Así lo ha puesto de manifiesto el informe Las facetas del bienestar: una aproximación multidimensional a la calidad de vida en España y sus comunidades autónomas 2006-2015, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que confirma el brutal impacto de la crisis económica en las condiciones de vida de la ciudadanía, que ha visto mermadas sus capacidades en variables clave como renta, empleo, vivienda y participación cívica que son las que configuran el bienestar en una sociedad avanzada. Según este estudio, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Nafarroa son los lugares del Estado, junto a La Rioja, con mayor nivel de bienestar objetivo tras la salida de la crisis, algo que pese a que no es en absoluto sorprendente dados los datos que ya se conocían, sí conviene subrayar por lo que supone de confirmación de que, pese a las dificultades, Euskadi se encuentra a niveles europeos en calidad de vida. No hay que olvidar que, según el informe, la renta de los hogares en el Estado cayó entre 2009 y 2015 un 8,7%, el mayor retroceso de todos los países de la OCDE. Con todo, estos datos -realizados con criterios objetivos- no deben servir para la autocomplacencia sino, más bien al contrario, para afianzar los indicadores mediante el reforzamiento de las políticas y estructuras que los alimentan y que tienen una repercusión directa sobre el nivel de vida presente pero también futuro de las personas. Solo así, generando riqueza que pueda redistribuirse y reduciendo en lo posible las desigualdades, podrá garantizarse un nivel de vida digno que pueda hacer frente, también, a futuras crisis.