La confirmación de que la Comisión Europea ha abierto una investigación, a instancias de la Generalitat de Catalunya, respecto a la reforma del peaje eléctrico que el PNV arrancó al PP en la negociación del acuerdo presupuestario para el actual ejercicio y que ha supuesto un ahorro de en torno a 50 millones de euros para casi ochocientas empresas vascas no solo causa sorpresa por la pretensión de que se trate de las llamadas “ayudas de Estado” lo que induce a la investigación, sino también por la autoría de la denuncia y la motivación de la misma. En primer lugar, la reforma no puede constituir de ningún modo “ayuda de Estado” por cuanto corrige, en todo caso, una situación de discriminación de la industria vasca, ya que elimina el peaje de acceso a las líneas de alta tensión de determinado voltaje que ésta utiliza, lo que constituía un sobrecoste respecto a la tarifa de otras líneas de alta tensión en otras comunidades. Además, no interesa solo a Euskadi, por cuanto en la misma situación se hallaban también otras CCAA entre las que, sin embargo, y he ahí el quid de la cuestión, no se encuentra Catalunya. De hecho, si la Generalitat se ha dirigido a la Comisión Europea lo ha hecho a instancias de cinco patronales catalanas en representación de empresas que no se benefician del acuerdo porque se hallan conectadas a un distinto nivel de tensión. Que el Govern, sin embargo, haya trasladado la denuncia a Europa parece responder más a su necesidad de no disgustar a las patronales catalanas en tiempos políticos harto delicados en Catalunya que a la posibilidad de que Bruselas pudiera tomar en consideración la misma y acabe declarando la suspensión de la reforma que, por otro lado, perjudicaría a las empresas vascas sin beneficiar a las catalanas, puesto que ni ahora ni en el supuesto de la suspensión el precio de la energía que utiliza la industria catalana se vería alterado y la competencia entre ambas es ciertamente limitada. Cabe, eso sí, demandar del Govern un mínimo de responsabilidad a la hora de activar denuncias que perjudican a terceros más que benefician a Catalunya; aunque también con tanto o más rigor que no se pretenda utilizar este caso para enfangar las relaciones históricas, también políticas y socioeconómicas, que Euskadi y Catalunya han mantenido y mantienen más allá de coyunturas concretas e intereses determinados.
