Tras la conmoción colectiva que supusieron los brutales atentados de La Rambla y Cambrils, la posterior utilización de las víctimas y la interesada y lamentable polémica sobre la manifestación celebrada en Barcelona y los ataques a los Mossos d’Esquadra que han enfangado hasta límites insospechados la política y los medios de comunicación, Catalunya afronta una semana decisiva para su futuro y el de sus ciudadanos. A 28 días del referéndum, y por encima de las muchas incógnitas que aún se ciernen sobre su celebración y sus consecuencias futuras, lo cierto es que a día de hoy lo que se está produciendo es un choque de “determinaciones” que parece previo al choque de trenes al que parece que está abocado el proceso. Es decir, que tanto el Govern como el Parlament de Catalunya tienen la firme determinación de llegar hasta el final, tal y como ha afirmado estos días el conseller y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, y que hoy ratifica en la entrevista que ha concedido a DNA. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno español tiene un empeño similar pero de signo opuesto y, como aseguró ayer mismo el presidente Mariano Rajoy, hará todo lo que tenga que hacer para “cumplir la ley con total firmeza y total determinación”, porque, según añadió, “nadie va a liquidar la democracia española”. El problema es que en esta batalla no existe equilibrio de fuerzas y de ello son conscientes los independentistas catalanes, que están jugando con los tiempos al límite para no poner en riesgo la propia celebración de la consulta. La confirmación de que la determinación catalana es absoluta se visualizará este próximo miércoles, con la aprobación por parte del Parlament de la Ley del Referéndum -y quizá también la de Transitoriedad- que dará cobertura legal a las urnas del 1 de octubre y la posterior convocatoria del referéndum por parte del Govern. Ese mismo día, Rajoy reunirá a sus ministros de forma extraordinaria y el Tribunal Constitucional celebrará también un insólito pleno para abordar los pasos que darán para anular esta normativa, reafirmando una vez más que la separación de poderes en el Estado español es una mera quimera. Ambas partes, por tanto, están preparadas para el enfrentamiento y la colisión. Pero solo una, la ciudadanía de Catalunya y sus instituciones democráticas, tiene la plena legitimidad.