El debate en el pleno del Congreso de las proposiciones de ley presentadas por PSOE y PNV contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, que impulsó sin buscar consensos hace dos años el entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y aprobó la mayoría absoluta del PP pese al rechazo del resto de los grupos parlamentarios, es solo el primer paso de los que se precisan para anular o reformar profundamente una ley insostenible desde el punto de vista de los fundamentos democráticos. Si ya la reforma y endurecimiento del Código Penal y la limitación a la justicia implícita en la Ley de Tasas, luego anulada en parte por el Tribunal Constitucional, aprobadas por el Gobierno Rajoy constituían un nítido recorte de derechos individuales frente a la aplicación de la justicia, la Ley Mordaza encierra -y ya lo advirtieron en el momento de su aprobación el propio Consejo de Estado e incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- una amenaza explícita a derechos básicos contemplados en la Constitución, tales como el de manifestación, el de huelga o el de libre expresión; así como a principios del derecho humanitario internacional, al contemplar las devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera; pero también a una característica esencial de la democracia como es la separación de poderes, toda vez que deposita en una figura de designación política, la del delegado del gobierno, y no en un juez, el dictamen sobre la sanción a determinadas infracciones. La derogación de todos esos aspectos de la ley, como mínimo de una reforma democráticamente imprescindible, no supondría además sino dar continuidad a una iniciativa que ya se debatió en abril del pasado año, con Rajoy en funciones, y dar cumplimiento a un acuerdo firmado por todos los partidos de la oposición al gobierno de mayoría absoluta del PP por el que se comprometían a abolir la ley en cuanto gozaran, como es el caso ahora, de mayoría suficiente en la cámara. Que se haga mediante la derogación de la norma o mediante la anulación de los puntos más conflictivos con los derechos y libertades individuales -44 aspectos de la ley, según la propuesta del Grupo Vasco- no es tan relevante. Sí lo es, sin embargo, que no siga vigente en el Estado español una legislación tan lesiva para los fundamentos democráticos.
