La concurrencia en los juzgados de más de un centenar de imputados en la trama Gürtel -primera parte, el total del caso se eleva a 354 acusados- y el caso de las tarjetas black retrata toda una época política en el Estado español en la que el PP y su entorno -aunque no de forma exclusiva- convirtieron las instituciones públicas en herramientas para la financiación política y el enriquecimiento personal. De la gravedad y la extensión de las actividades que corrompieron a la formación y con ella a las instituciones que regía da fe la diversidad de cargos y planos políticos a los que afecta, desde el municipal, con alcaldes y concejales imputados; a las más altas estructuras del PP, con acusaciones sobre sus tesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Laperta; y del Gobierno del Estado (Acebes, Cascos, Arenas, Rato y Mayor Oreja deberán declarar en el juicio de Gürtel); pasando por los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia y la representación parlamentaria del PP en ambas comunidades. En el mismo sentido debe considerarse también la simultaneidad de la trama con la presidencia en Caja Madrid (1996-2009) de Miguel Blesa, impuesta por la mayoría del PP, en la que se desarrollaron, a partir de 2003, las tarjetas black que mantuvo Rato cuando le sucedió en la Caja. Y existe aún otra sincronía que dista mucho de poder obviarse: la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) y el abuso de las tarjetas black en la Caja Madrid de Blesa suceden asimismo en el periodo en que el hoy presidente del PP y presidente en funciones del Gobierno español, Mariano Rajoy, era vicesecretario general del partido (1990-2002) primero; y secretario general y candidato (2003) y presidente del PP (2004) después; así como ministro de Administraciones Públicas (1996-1999), Educación (2000) Interior (2000-01) y vicepresidente del Gobierno con Aznar (2000-2003). ¿Es casualidad que una de las empresas de Gürtel organizara entre 1996 y 1999 todos los actos del PP en Galicia, por la que Rajoy fue diputado desde 1989, y participara en actos de las campañas de las generales de 1996 y 2000, dirigidas ambas por el propio Rajoy? La pregunta, 7 años después de iniciarse la instrucción del caso, conlleva la de si el hoy presidente en funciones puede pretender haberlo ignorado todo y, en ese caso, si tamaña ignorancia no le inhabilitaría para ser propuesto a seguir presidiendo el Gobierno español.
