Los datos correspondientes a 2015 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, hechos públicos ayer, vienen a confirmar las enormes dificultades que encuentra la sociedad, incluso cuando esta se considera desarrollada, para luchar contra la violencia machista, que en el caso del Estado español dio lugar a nada menos que 129.123 denuncias (353 diarias) de 123.725 mujeres el pasado año; y a 5.380 en Hegoalde (4.207 en la CAV y 1.173 en Nafarroa). Y no solo porque esas cifras suponen un incremento de casi el 2% en los casos denunciados respecto a los de 2014, ni porque además las denuncias son apenas una parte del iceberg de la violencia machista que aun se sumerge en la sociedad, sino porque los datos del CGPJ revelan contrastes y diferencias en los que el propio órgano de gobierno de los jueces debería reparar con el fin de impedir que la desigualdad de género infiera en la imprescindible equidad de la justicia. Así, por ejemplo, llama la atención que todavía se rechacen en torno a cuatro de cada diez solicitudes de órdenes de protección (solo en Hegoalde se denegaron 459 por las 605 aceptadas). También la enorme diferencia en el porcentaje de sentencias condenatorias entre los Juzgados de lo Penal (poco más de la mitad, 52,3%) y los Juzgados de Violencia contra las Mujeres (77,2%) y las Audiencias Provinciales (75,9%) o, dentro de estas últimas, la que resulta de entre los juicios con jurado popular (96%) y el resto (68,6%). Sin considerar el efecto de los problemas inherentes a la Justicia española en cuanto a dilación y carencia de medios que influyen en que el número de personas enjuiciadas apenas alcance el 15% del número de denuncias, incluso en los propios Juzgados de Violencia contra las Mujeres, en una desproporción evidente. De esas cifras cabe deducir una lectura mucho menos optimista que la realizada por la presidenta del Observatorio, Ana Carmona, respecto al aumento de denuncias y demanda de órdenes de protección. Porque la justicia ni siquiera llega a replicar la todavía incipiente tendencia de la sociedad a rectificar el cuestionamiento de las víctimas de la violencia machista. Y hay casos concretos, como la última denuncia por la presunta actitud para con una víctima de una jueza en Gasteiz, que así lo constatan.
