La política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy ha sufrido una trayectoria errática en la que se han impuesto -al menos, hasta el momento- las posiciones más radicales de quienes abogan por el inmovilismo total y por supeditar cualquier paso adelante a que los presos de ETA cumplan las duras condiciones que Interior les plantea como condición sine qua non, en especial repudiar a la organización armada y pedir perdón a las víctimas, cuestión esta última no contemplada en la legislación. Tras sus primeros titubeos, parecía que el PP buscaba una salida reforzando la denominada vía Nanclares, formada por reclusos desvinculados de ETA y, de hecho, Instituciones Penitenciarias avaló algunos meses después del abandono de la violencia por parte de la banda, la puesta en libertad condicional de dos presos que habían rechazado la lucha armada. Sin embargo, las críticas de los sectores ultras del PP y de colectivos de víctimas como la AVT y Covite han llevado al Ejecutivo de Rajoy a paralizar de modo total y absoluto la vía Nanclares y, lo que es peor, a no ofrecer alternativa alguna, salvo la exigencia de "perdón" y de "colaboración con la justicia". El presidente del Gobierno ni siquiera ha respondido a las propuestas concretas en este sentido que le ha planteado de forma reiterada el lehendakari Iñigo Urkullu. Un grave error, porque la vía Nanclares ha demostrado ser un instrumento eficaz para que los presos hagan su propia autocrítica, se desvinculen de ETA -han sido incluso expulsados-, reconozcan el daño causado y se planteen su reparación y su reinserción. En este contexto, cobra especial relevancia la última decisión de la Audiencia Nacional no solo por conceder un permiso a Joseba Urrosolo Sistiaga -uno de los máximos exponentes de la vía Nanclares- en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias -esto es, del Gobierno- sino también por el propio razonamiento de la resolución, que explicita un reconocimiento a la "dificultad" que para el recluso ha supuesto la ruptura con ETA "en un entorno hostil", lo que, a juicio de la AN, "positiviza aún más su posición". Otra vez, de nuevo, la justicia ha actuado por delante del Ejecutivo e incluso le enmienda la plana en sus posiciones obstruccionistas. El Gobierno de Rajoy debe, de forma urgente y por mera justicia y por estricta defensa de los derechos humanos -ahí están las decisiones de los tribunales-, modificar su política penitenciaria.
