El descenso del paro registrado, según datos facilitados ayer por el Ministerio de Empleo que se traducen -en época preelectoral- como incipiente mejora de la situación socioeconómica, deberían sin embargo producir una imprescindible prudencia, matizados como están por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) trimestral del Inem, que hace sólo una semana concluían que en el Estado español se sigue destruyendo empleo seis años de crisis después. En primer lugar, que haya en abril, según el Ministerio, 111.565 parados registrados menos es un hecho profundamente condicionado por la estacionalidad y la eventualidad. Respecto a la primera, la realidad es que la comparación interanual se realiza entre un abril con periodo vacacional de Semana Santa y otro, el del pasado año, sin él; y que tres de cada cuatro desempleados que salen del paro lo hacen con contratos del sector servicios, es decir, ligados directamente al turismo. Respecto a la eventualidad, conviene recordar que sólo hasta enero y como consecuencia de la reforma laboral, los contratos temporales habían crecido un 8,6% y los contratos por obra, un 11,2%; lo que lleva a deducir que la contratación crea de nuevo el mismo empleo precario e inestable que llevó a un crecimiento exponencial y rapidísimo del paro en cuanto la economía estatal entró en crisis. Por el contrario, los contratos indefinidos o de emprendimiento apenas repuntan y en el caso de estos últimos lo hacen sin acogerse a los beneficios fiscales que podrían permitir atisbar una cierta continuidad, al menos en el medio plazo. Si a ello se añade que el lunes Bruselas situó por encima del 24% las previsiones de desempleo en el Estado para el próximo año y que la OCDE lo situaba ayer por encima del 25%, cabe deducir que el moderado optimismo en el ámbito del empleo no está en absoluto justificado. Todo ello no es tampoco ajeno a Euskadi, que según el Ministerio es la comunidad en la que menos bajó el paro en abril y donde el 92% de los contratos son temporales. Pero en nuestro caso, el 7,89% de contratos indefinidos frente al 2% estatal y la imperceptible variación en la afiliación a la Seguridad Social permite siquiera atisbar una diferencia en cuanto a la estabilidad del todavía escaso e insuficiente empleado creado.
