supone todo un desafío soberanista. Este referéndum implica un inconsentible quebranto de la Constitución, puesto que no cabe en el ordenamiento jurídico vigente, ni tampoco ninguna directiva ni tratado europeo lo contempla en sus disposiciones, con lo que el pueblo podrá verse al día siguiente fuera de la UE. Además, si la soberanía reside en el pueblo español, en esta consulta deberían tomar parte todos los españoles y no sólo los ciudadanos afectados por el cambio de estatus, que dicho sea de paso sólo contribuye a romper la convivencia y a dividir a la sociedad. Porque sí, efectivamente, la sociedad que conforman los 56 vecinos de la localidad burgalesa de Castrillo de Matajudíos se dividirán entre quienes quieren cambiar de nombre al pueblo y los que no. Ante la evidente connotación antisemita del topónimo, el alcalde Lorenzo Rodríguez ha tenido la osadía de desafiar al Estado y convocar una consulta popular el 25 de mayo para que sus vecinos decidan su futuro, al menos en lo que se refiere al nombre. Y encima con la desfachatez de anunciar que respetará la decisión de la mayoría, "aunque sea por un solo voto". La democracia es peligrosa. Los vecinos empiezan cambiando el nombre a su pueblo y terminarán decidiendo su propio gobierno. El colmo.
