La aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy de dos anteproyectos de ley que modifican el conjunto de la normativa sobre protección de menores -Código Civil, Ley de Protección del Menor, Ley de Adopción Internacional y Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género- no es sino la necesaria y tardía adecuación de la legislación estatal a los convenios y exigencias internacionales. En primer lugar, cumple con el compromiso adquirido con la firma del convenio sobre la protección del niño, redactado por el Consejo de Europa en 2007, aprobado en 2009 y en vigor desde 2010. En segundo lugar, adecua la ley a la directiva europea que, aprobada por el Parlamento Europeo en 2011, endurece las penas por delitos sexuales contra menores. Y en tercer lugar traslada a la legislación estatal las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y especialmente la de situar en primer lugar el interés del menor. Ahora bien, que la adecuación de la legislación protectora de la infancia en el Estado a los cánones internacionales fuese más urgente que necesaria no evita que el doble anteproyecto del Gobierno español adolezca al tiempo de las taras que han caracterizado la ingente producción legislativa con la que el PP está reformando profundamente el marco legal español en tantas materias. Por un lado, la autosuficiencia -y autocomplacencia- del Gobierno Rajoy que, una vez más, adolece de unilateralidad en una propuesta para la que no ha hecho el menor esfuerzo por un consenso político siempre recomendable, mucho más en materias tan sensibles como la infancia. Por otro y en el caso de Euskadi, la inobservancia del marco estatutario y las competencias exclusivas que este determina, entre las que el artículo 10 del Título I del Estatuto de Gernika, en sus puntos 10 y 14, estipula la asistencia social y la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores. Y finalmente y consecuencia de todo ello, las dudas que los anteproyectos del Gobierno Rajoy, a falta de una mayor concreción, desatan en ámbitos tan espinosos como las relaciones y decisiones en los procesos de adopción y acogimiento, especialmente en lo que respecta a los padres biológicos, así como en las medidas de contención y seguridad de los menores y en la incorporación a la ley de un capítulo de obligaciones y deberes de los niños.
