No puedo evitar recordar dos reflexiones leídas en las últimas semanas. La primera, de Juan José Ibarretxe hace apenas un par de semanas: "O veremos la aceptación con toda naturalidad del ejercicio del derecho a decidir en el caso de naciones como Euskadi y Catalunya, o veremos declaraciones unilaterales de independencia". La segunda, más reciente, de Jesús Eguiguren, en un extracto de su último libro adelantado en Gara: "Si se llega a la independencia será una cuestión de facto y no de iure. Y nadie podría impedirlo, diga lo que diga la Constitución". Estando o no de acuerdo, llama la atención que dos representantes de tradiciones políticas tan dispares, personajes no siempre cómodos en sus propias filas y no precisamente coincidentes en sus trayectorias, hagan análisis más o menos compatibles. Dicho esto, a modo de digresión si quieren, el problema al que se enfrenta el Estado en el asunto de Catalunya -y a la inversa quizá- es que se han hecho apuestas tan altas que cualquier marcha atrás puede ser una derrota, entre otros a ojos vista de una sociedad catalana que aúna a distintas sensibilidades políticas en torno a esta consulta. Lo que puede significar que el que se achante en el órdago puede acabar pagando la ronda. Y pensar que todo esto empezó con un problema de financiación...
