TRAS el reconocimiento público hacia el grupo de personas que, de forma continuada y en un número importante, han sufrido la violencia del terrorismo de ETA, quedaba -como deber ético y responsabilidad política- la tarea de abordar el dolor de las víctimas como consecuencia de la violación de derechos básicos, los desmanes del Estado, la actuación de grupos parapoliciales y del terrorismo financiado por las arcas públicas que ha operado en Euskal Herria antes y después de la muerte del dictador. Los afectados por la violencia y la sinrazón de un grupo armado que aún ejerce su sombra en el normal funcionamiento del país han ocupado el primer puesto en el orden de las preocupaciones políticas en la medida en la que sus historias han permanecido en el olvido durante decenios. Resuelto lo anterior, era una demanda muy extendida desde hace tiempo que se pusiera el foco en otro capítulo en el que se hiciera un análisis crítico y un reconocimiento público hacia las víctimas de actos cuyo origen estaba en las mismas entrañas del Estado. Y ello requería abordar la constatable -e impune- vulneración de derechos durante la dictadura, pero también el más que delicado repaso a la conculcación de esos derechos desde la instauración de la democracia hasta hoy; época en la que el Estado de Derecho, haciendo caso omiso a los principios que lo sustentan, no sólo ha dado motivos para desconfiar sino -lo que es peor- ha echado gasolina al fuego que avivaba la justificación ideológica de la lucha armada. Asumir esta doble realidad es un ejercicio de justicia en la medida en que permite solventar en parte el dolor generado por quienes han optado por utilizar la violencia como arma política. La pretensión de la Oficina de Víctimas de abordar con discreción y con la necesaria confidencialidad el tema de las "víctimas de motivación política" se topó con una nada inocente filtración a la prensa de la derecha con el objeto de condicionar su desarrollo. El intento aceleró el proceso de su presentación pero no ha logrado torpedearlo en la medida en la que todos los partidos vascos han mostrado su disposición a colaborar en lograr un consenso. Aunque el informe pueda ser mejorable, obviar la existencia de esta violencia hubiera supuesto erigir las bases de una futura convivencia en paz con cimientos de barro.