la primera celebración del Día de la Memoria sirvió para que, tras años de olvido, las víctimas obtuvieran un reconocimiento social que les ha sido negado a lo largo de varios decenios. Es evidente que quienes hayan vivido de forma inmediata y directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser suficientemente resarcidos. Ni la ayuda económica ni el reconocimiento social devolverán la vida a los asesinados ni la paz de espíritu a los suyos. Las víctimas de la violencia son aún una asignatura pendiente, en primer lugar porque todavía persisten expresiones de esa violencia, y también porque existe una rotunda discrepancia sobre el propio concepto de víctima. Los actos del miércoles son un paso más en la tarea que vienen desempeñando las instituciones bajo el impulso de la Oficina de las Víctimas que lidera Maixabel Lasa, creada con Ibarretxe como lehendakari. La jornada, sin embargo, no ofreció la contundente imagen de unanimidad que la opinión pública hubiera deseado. De haberse producido, habría significado un gran avance en la normalización política del país ya que habría supuesto que las formaciones políticas asumían un diagnóstico común y una denuncia inapelable de todas y cada una de las violencias que se han producido en Euskal Herria. Quizá pueda producirse la próxima vez. Incluso las dos formaciones que se negaron a apoyar la declaración institucional ante la falta de reconocimiento hacia algunas víctimas (Aralar y Eusko Alkartasuna) así lo manifestaron el miércoles, lo que evidencia un deseo expreso de alcanzar consensos que debería tenerse muy en cuenta. Y es que, una vez asentada la realidad de las víctimas, urge que, lejos de visiones parciales y utilizaciones partidistas, se empiece a elaborar un discurso sincero en torno a esta realidad. La normalización requiere ir mucho más allá de la reparación de un único dolor. Una verdadera apuesta hacia la convivencia pacífica requeriría empezar a elaborar un discurso más amplio en torno al drama de las víctimas de las muchas violencias que se han conocido en este país, injusticias que, aunque no se puedan reparar por la pérdida de seres queridos o por haberse agotado las vías legales, necesitan ser reconocidas como acciones reprobables que jamás deberían volverse a repetir.
