- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los sandinistas, aprobó ayer una ley que vetará las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional y/o aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos.
El presidente del Congreso, el oficialista Gustavo Porras, defendió la ley y sostuvo que está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución, que se refiere a que “la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense”.
El diputado opositor Maximino Rodríguez advirtió que esa normativa es inconstitucional y “va sobre la primacía de las leyes”, debido a que las calidades para ser candidatos a cargos de elección popular están contempladas en la Constitución Política y en la Ley Electoral.
Asimismo, criticó el carácter expedito con el que fue aprobado esa ley, sin haber sido estudiada, discutida y dictaminada en una comisión legislativa.
El viernes pasado, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que quienes participaron en la revuelta contra su Gobierno en abril de 2018, que el Ejecutivo califica como “intento de golpe de Estado”, no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.
