Es verdad. El informe de los letrados del Congreso que expresa sus dudas sobre la constitucionalidad del todavía embrionario proyecto de ley de amnistía no es más que una de tantas opiniones jurídicas. Ni siquiera es vinculante, así que no hay nada que impida seguir adelante con los faroles.

Sin embargo, antes de llevarnos un chasco, convendría no desdeñar esos cuarenta y pico folios. Menos, si cuando otros juristas de las Cortes emitieron un primer dictamen favorable, lo celebramos como la prueba de que el proceso sería coser y cantar.

O sea, que ni tanto ni tan calvo. Más allá de los festejos del PP, estas conclusiones que enfrían las expectativas de una aprobación inmediata nos muestran por dónde puede ir el balón. Y, si esto es así con el texto inicial, imaginen cuando se incorporen las enmiendas, especialmente, si se aceptan las últimas que presentó Junts en solitario. Esto no ha hecho más que empezar y apuesto a que acabará en el Constitucional.

‘Bateragune’ no se repite

Y ya que traigo a colación el llamado tribunal de garantías, es imposible no dedicar las líneas que quedan a su decisión más reciente: conceder amparo a Arnaldo Otegi y, resumiendo, dictaminar que no se repetirá el juicio por el caso Bateragune.

Como se ha señalado, ha sido la segunda vez en 24 horas que el Constitucional le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Pero, así como en el caso del fallo favorable al injustamente despojado de su escaño Alberto Rodríguez podía haber más intríngulis jurídicos, en esta decisión parecía que no había más cera que la que ardía.

Por lo menos, desde la perspectiva de un profano, lo que resultaba inconcebible es que se ordenara la celebración de un nuevo juicio a unas personas que ya cumplieron pena de prisión injustamente. Para más escarnio, apoyándose en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anulaba el juicio por la falta de imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional encargada del caso, la inefable Ángela Murillo.

Lo que sorprende y asusta es que el Supremo y los cuatro magistrados del TC que han votado en contra avalen semejante tropelía. Luego, se quejan cuando hablamos de lawfare.