Hasta Munilla- José María Aznar le ofreció a Miguel Sanz (UPN) el traspaso de Tráfico a Navarra en el año 2000. ¿Era eso expulsar a la Guardia Civi? Parece que no. Hasta el antiguo Obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, ha entrado al trapo una vez que Sánchez lo ha incluido en el acuerdo presupuestario con EH Bildu. Esto dice Monseñor en su cuenta de Twitter: "Otorgar a los herederos políticos de una banda terrorista la capacidad de humillar a las que fueron sus víctimas, a cambio de su apoyo para mantenerse doce meses más en el poder, es simplemente inmoral".

No es lo mismo y tal - La columnera de El Mundo Leyre Iglesias, respirando por la misma herida, toma el comodón del "es que no es lo mismo": “El progubernamentalismo argumentará que la cosa va bien: ¿qué prefieren, la Navarra de 2022, en la que se prescinde de los guardias civiles, o la de 2000, en la que los asesinaban? Al margen de las posibles razones de autonomía foral a las que se agarrarán, con esta concesión los socialistas entregan a la vieja Batasuna un símbolo poderoso. La materialización del grito que siguen coreando, no solo en Alsasua: Alde hemendik!". Ya, claro.

"Humillación al Estado" - "Bildu logra de Sánchez que saque a la Guardia Civil de Navarra", aullaba la primera de ABC, antes de rasgarse ritualmente las vestiudras en el editorial: "El acoso a la Guardia Civil en Navarra viene de antiguo, incluso con agresiones a agentes del Cuerpo, como ocurrió en Alsasua. Además, son muchos los guardias civiles caídos bajo las balas y bombas de ETA. Esta renuncia a las competencias de la Guardia Civil no es una decisión política sin más; en realidad reúne todos los componentes de una humillación al Estado y concede una victoria política a quien usó el terror precisamente para combatir la política".

Moneda de cambio - Lo anterior es prácticamente un calco de la llantina de La Razón: "Estamos ante una decisión puramente política que, forzosamente, convierte a la Guardia Civil en simple moneda de cambio para salvaguardar los intereses propios del Gobierno de coalición. Con el agravante, además, de que se trata de una medida que sólo demandaban en Navarra los herederos morales e intelectuales de la banda terrorista etarra, los mismos que cada año organizan un acto ofensivo contra la Benemérita2.