Elkarrekin Podemos IU ha alcanzado este miércoles un acuerdo con el gobierno foral que permitirá que las empresas de telefonía móvil coticen por el uso que hacen del espacio público de los municipios, dejando en manos de estos más recursos económicos. Una medida que ya se aplica en Bizkaia.
Muchos de los consistorios alegaban hasta ahora para no poner en marcha normativa alguna que la propia norma foral excluye de la tasa a las empresas de telefonía móvil, por lo que han renunciado a regular esa tasa para no verse envueltos en posibles polémicas judiciales. Por eso, con el objetivo de despejar cualquier duda se aborda ahora esta modificación de la norma foral.
Según ha explicado este miércoles en la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos el portavoz de Elkarrekin Podemos IU, David Rodríguez, "era muy importante fortalecer la norma en Araba para evitar posibles litigios, y a continuación, poder así suprimir en Araba la exención del pago de tasas municipales por el uso del dominio público a las empresas de telefonía móvil, como ya hicimos en Bizkaia a propuesta de Elkarrekin".
"Proteger el principio de autonomía local y la suficiencia financiera de las entidades locales eliminando las trabas legales que impedían a los ayuntamientos aplicar estos gravámenes con seguridad jurídica", ha subrayado.
Para hacerlo, Rodríguez ha subrayado que ante el paso dado hoy "nos basamos en el dictamen aprobado en Bizkaia el pasado marzo". "Debemos terminar con la situación de privilegio de la que disfrutan actualmente las compañías de telefonía móvil frente a otros servicios básicos como el agua o la electricidad. Y así reforzar la financiación de los servicios públicos", ha asegurado.
Según ha recordado Rodríguez, este sector factura miles de millones de euros anuales sin contribuir económicamente por el uso privativo del espacio público en la mayoría de los municipios.
Así, tras el acuerdo alcanzado por Elkarrekin Podemos IU, PNV y PSE, los ayuntamientos alaveses contarán a partir de ahora con una normativa que establece un régimen de cuantificación especial que les permitirá fijar la tasa en un 1,5% de los ingresos brutos que las operadoras obtengan anualmente en cada término municipal. Además, se prohíbe que las empresas repercutan el importe de esta tasa a las personas usuarias finales de los servicios.
