El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado en contra del joven con autismo que opta a funcionario en Vitoria, al que la juez había dado inicialmente la razón.
Aimar, un joven bilbaíno de 21 años con autismo, se presentó a la plaza de funcionario e hizo los exámenes iniciales para una de las 16 plazas en concurso de auxiliar de servicios, pero el Ayuntamiento de Vitoria judicializó su caso por entender que no cumplía las bases de la OPE.
Las bases exigen acreditar una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 %. El problema surgió cuando el informe de la Diputación -la que evalúa las discapacidades- utilizado para justificar la discapacidad la calificó como no intelectual.
El Ayuntamiento usó el informe foral para excluirle de la lista de admitidos, alegando que el diagnóstico Asperger es una discapacidad social del espectro autista, pero no una enfermedad mental ni una discapacidad intelectual.
La familia del joven recurrió a la justicia y una jueza de Vitoria les dio la razón dos veces, pero el Ayuntamiento recurrió al Superior, que ahora ha fallado a favor del consistorio.
La sentencia del Superior apoya la tesis de la Administración de que el diagnóstico Asperger "es una discapacidad social del espectro autista, que puede ser una discapacidad cognitiva, pero no necesariamente intelectual".
Por ello, la actuación administrativa "se considera ajustada a derecho al no haber admitido al actor por no acreditar la discapacidad intelectual requerida", como exigen las bases de la convocatoria, "que pudieron ser impugnadas en su momento", dice la sentencia.
El fallo puede ser recurrido en casación ante el mismo Tribunal Superior.
