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Cincuenta años de lucha por la justicia, la memoria y la reparación

Todas las denuncias presentadas en el Estado desde entonces para depurar responsabilidades penales se han archivado

En imágenes: Homenaje a familiares y víctimas del 3-M en Vitoria-GasteizPilar Barco

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El próximo 3 de marzo se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria y todas las denuncias interpuestas para depurar responsabilidades y procesar penalmente a los inductores de las cargas policiales que se sucedieron ese día han fracasado, aunque las víctimas sí han logrado tras años de lucha ser reconocidas como tales por parte de las instituciones.

El 3 de marzo de 1976 miles de trabajadores en huelga celebraron una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa, que la Policía disolvió con el lanzamiento de gases lacrimógenos, botes de humo, pelotas de goma y disparos de armas de fuego, lo que provocó la muerte de cinco de ellos: Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, además de más de un centenar de heridos.

El próximo 3 de marzo se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria-gasteiz

Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga el responsable de Gobernación. LaAsociación de Víctimas del 3 de Marzo les considera los máximos responsables políticos de la matanza, además de a otros mandos policiales. Todas las denuncias presentadas desde entonces para depurar responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que se abrió en Argentina en 2010 contra crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

Otro recorrido ha tenido el reconocimiento como víctimas de los afectados, que han logrado hacerlo posible, y también se han dado pasos desde el punto de vista de la memoria, con la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática.

Cronología de actuaciones judiciales (1976-2026)

1976

A raíz de los informes médicos de las personas fallecidas por disparos, heridas de bala y agresiones se abren diligencias que acaban en la apertura de dos sumarios que tras pasar por varios juzgados terminan en la jurisdicción militar. Ambos son sobreseídos.

2001

Víctimas presentan una querella criminal en un juzgado de Vitoria por posibles delitos de homicidio contra varios mandos policiales que participaron en las cargas y contra el gobernador civil de Álava, Rafael Landin. No se admite a trámite y los recursos no prosperan.

2004

Se interpone una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que no tiene recorrido. En 2019 la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo presenta una nueva denuncia ante este mismo organismo con el mismo resultado.

2010

La jueza argentina María Servini abre una causa para investigar los crímenes del franquismo y la Transición, incluidos los de Vitoria. Se persona en la causa dos años después la Asociación 3 de Marzo y pide que se procese a Martín Villa. En 2014 la magistrada emite una orden internacional de detención contra el exministro y solicita su extradición a Argentina, aunque nunca se materializa. Dentro de esta causa, en 2021 la justicia argentina suspende el procesamiento de Martín Villa ordenado por Servini y pide a la jueza mayores pruebas de su implicación en los delitos de los que le acusa. El exministro sigue imputado en la causa y la jueza debe decidir si le vuelve a procesar después de que abogados de asociaciones memorialistas hayan hecho de nuevo esta petición acompañada de más documentación.

2016

El Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral alavesa presentan querellas para juzgar a los responsables de la carga policial. Se desestiman por un juzgado vitoriano y por la Audiencia provincial con el argumento de que el presunto delito de lesa humanidad está prescrito. El Tribunal Constitucional ratifica este archivo.

2022

Un juzgado de Vitoria archiva la denuncia de Unidas Podemos en la que se pedía que se investigara la posible responsabilidad de Martín Villa.

En imágenes: La colaboración ciudadana hace posible el mural del 3 de Marzo

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2025

La Fiscalía Provincial de Álava abre diligencias informativas para presentar, a instancias de la asociación, un expediente de "jurisdicción voluntaria de hechos pasados respecto al 3 de marzo", un nuevo mecanismo contemplado en la Ley de Memoria Democrática, que no es un proceso penal, para que se reconozca oficialmente lo que ocurrió históricamente.

Reconocimientos institucionales y reparaciones

Los reconocimientos como víctimas no llegaron hasta 2007 a través de la Ley de Memoria Histórica. En ella se garantiza el derecho a indemnización a las familias de los 5 asesinados y a algunos de los que resultaron gravemente heridos.

2009

Las Juntas Generales de Álava aprueban una Norma Foral por la que a las víctimas del 3 de marzo se les aplican las mismas indemnizaciones que a las incluidas en la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

2012

El Gobierno Vasco incluye a los afectados del 3 de marzo en el decreto de víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978.

2014

Las víctimas solicitan ser acogidas en la Ley integral de Víctimas del Terrorismo, petición que rechaza el Gobierno.

2024

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es el primer ministro de la democracia que acude a Vitoria en el 48 aniversario de la masacre para homenajear a las víctimas. Ha anunciado que volverá con motivo de los actos organizados este año. Ese mismo año se constituye la Fundación Memorial 3 de Marzo para dignificar a las víctimas y crear un Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís.

2025

El Gobierno inicia el procedimiento para que esta iglesia sea Lugar de Memoria Democrática y el 23 de febrero de 2026 se declara como tal con la publicación del reconocimiento en el Boletín Oficial del Estado.

2026

La Ley de Memoria Democrática, que sustituyó a la Ley de Memoria Histórica, reconoce como víctimas de una violencia injusta a 31 personas damnificadas por la actuación policial, incluidos los cinco trabajadores muertos, aunque la Asociación 3 de marzo sigue reclamando al Gobierno que reconozca oficialmente la responsabilidad del Estado en estos crímenes.