Asociaciones recurren la decisión de Gogora de no investigar el operativo policial por el acto de la Falange de Vitoria

17 detenidos

En un comunicado, estas asociaciones se han referido a la concentración convocada para ese día por el citado partido bajo el Lema "La unidad de España no se vota ni se negocia" en la que se usaron enseñas franquistas. En esa jornada, la Ertzaintza detuvo a 17 jóvenes acusados de desórdenes públicos, tras el enfrentamiento entre los participantes en la concentración de Falange Española y quienes integraban una protesta contra este acto.

Se trata de las asociaciones Goldatu, Intxorta 1937, Sanfermines 78 gogoan, Martxoak 3 Elkartea, Gernika Batzordea, Asociación 6 de marzo por Juan Gabriel Rodrigo Knafo, Ateneo Republicano de Álava - Eraiki- Arabako Errepublikar Ateneo Elkartea, Gogoan Sestao Elkartea, Comisión Memoria histórica CNT Euskadi, Asociación republicana irunesa Nicolás Guerendiain, Asociación Kepa Ordoki MHB, Bidasoaldeko elkarte memorialista, Asociación Oroituz Andoainen, Foro republicano de Tolosa Cecilia G. de Guilart y Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia -GEBehatokia-.

Denuncia

Las citadas asociaciones han recordado que el pasado 24 de octubre presentaron una denuncia ante el Gobierno Vasco -Departamento de Justicia y Derechos Humanos y su Dirección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas- por los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz y sus entornos donde se realizó una convocatoria que "vulneraba preceptos de la Ley de Memoria histórica y democrática 9/2023".

En esa denuncia, se realizan dos solicitudes que se investigue a los organizadores del acto y, asimismo, a los responsables de los operativos policiales tanto municipales como autonómicos "que permitieron estos hechos y, en su defecto, a sus responsables últimos -concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria y consejero de Seguridad del Gobierno vasco-.

A su juicio, dichas responsabilidades están recogidas en el artículo 46.3 de la mencionada Ley vasca 9/2023 de Memoria histórica y democrática en la que, según han recordado, se establece que "serán responsables como autoras de los hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que dolosa o imprudentemente realicen las conductas contrarias a esta ley tipificadas en ella, bien por sí mismas o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento".

"Igualmente serán consideradas autoras de la infracción las personas que cooperen en su ejecución con un acto sin el cual esta no se habría efectuado, y las que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de impedir la comisión de la infracción por otra persona", se señala en la ley.   

Resolución Gogora

En la resolución administrativa, de fecha 22 de noviembre y firmada por el director de Gogora, Alberto Alonso Martín, se asume la competencia para la primera solicitud, pero se inhibe en la segunda.

En relación a la primera, Gogora informa que ha procedido a la apertura de las diligencias informativas previas a fin de acreditar "los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de las personas que pudieran resultar responsables y la conveniencia o no de incoar los expedientes sancionadores correspondientes".

Las asociaciones memorialistas consideran dicha atribución competencial "adecuada a ley" y se muestran satisfechos por la investigación y, en su caso, por el expediente sancionador impulsado por Gogora. En este sentido, han señalado que harán seguimiento de las actuaciones administrativas y han indicado que han solicitado personarse en calidad de víctimas de la infracción, según la Ley 1/2023 de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

Cambio de opinión

En cambio, han denunciado que el director del Instituto Gogora cambia de opinión con respecto a su capacidad sancionadora en referencia a la segunda solicitud de investigar a las policías que, a su juicio, "son igualmente autoras de la infracción por cooperar en su ejecución o, en su caso, incumplir su deber de impedir la comisión de la infracción".

En referencia a esta solicitud, Alberto Alonso llega a la conclusión, en opinión de las asociaciones, "no razonada" de que "no es competencia de este organismo autónomo, ni del Departamento de Justicia y Derechos Humanos" investigar a los responsables de los operativos policiales y, en su defecto, a sus responsables últimos.

"No podemos comprender la actitud arbitraria de asumir la capacidad sancionadora para un caso, mientras que se renuncia a ella en otro. No somos ingenuos. Somos conscientes de que nuestros gobiernos no acostumbran a controlar desde un departamento la actuación de otro distinto. Menos aún establecer sus infracciones", han apuntado.

Según han añadido, "lamentablemente" hubiesen entendido "una respuesta desestimatoria de la investigación, por considerar que la actuación policial fue adecuada".

"Es lo que hemos escuchado por parte de los responsables policiales y políticos, en contra del sentido común y lo que toda la ciudadanía pudo ver: que el operativo se dirigió contra los antifascistas con empleo de violencia desproporcionada, mientras que mostró total permisividad y colaboración con los fascistas para que actuaran en apología del franquismo y en humillación de sus víctimas", han expresado.

Malinterpretación de la Ley

Sin embargo, según han denunciado, el director de Gogora "incurre de manera errónea" en un debate competencial que, a su juicio, "malinterpreta la Ley Vasca de Memoria Histórica y Democrática dejándola sin contenido, además de desautorizar a Gogora como institución competente para aplicarla".

Por ello, han indicado que se ven en la obligación de recurrir en alzada ante la viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno vasco para que dirima las competencias de Gogora o, en su caso, siguiendo la Ley 1/2023 de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, comunique al órgano que considere competente a tal efecto, "junto con el traslado de todo lo actuado hasta la fecha de la adopción del acuerdo".