El lunes, cuando los micrófonos captaron al viceconsejero Ricardo Ituarte susurrando al consejero Zupiria que todos los altercados registrados en Gasteiz estaban grabados y formaban parte de la investigación, ya pintaban bastos para el jefe de Falange española y de las JONS, Norberto Pico, como responsable último de esta convocatoria. En ese momento, Zupiria abría la puerta a que Pico tuviera que asumir personalmente los altercados que se registraron tras el enfrentamiento con una de las tres contramanifestaciones antifascistas. Dicho y hecho. La Ertzaintza ha abierto un expediente que podría desembocar en una sanción para Pico por la manifestación que convocó el pasado 12 de octubre y que, según defiende el departamento, se convocó en unos términos que después se incumplieron en el transcurso de la marcha, porque los organizadores no controlaron el porte de objetos peligrosos, como los “palos” que se utilizaron “para agredir”. Se da la circunstancia de que EH Bildu ha defendido todo este tiempo que el departamento tendría que haber negado la autorización, pero es una decisión sometida al control judicial y, por lo que cuenta el departamento, Falange había enmascarado el verdadero cariz del acto. También señala el departamento que Falange excedió el perímetro fijado para evitar incidentes.
Además, también se ha abierto un expediente por la exhibición de banderas preconstitucionales. Este es un debate que trae cola desde hace años, sobre todo, a nivel estatal, donde es habitual ver estas enseñas en manifestaciones ultras y, cuando todavía no se había resignificado el Valle de los Caídos, eran la nota característica en el peregrinaje que tenía lugar cada 20 de noviembre en el aniversario de las muertes de Primo de Rivera y Franco. El Gobierno español ya propuso una sanción de 10.001 euros a Falange en 2023 por una de esas marchas del 20-N, en virtud de la Ley de Memoria. Lo que hace el Gobierno vasco es abrir una investigación al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que podría sancionar ese comportamiento si ha derivado en alteraciones del orden público. Es un hecho que se alteró el orden público el domingo en Gasteiz, con veinte policías heridos, mesas y sombrillas de los bares volando por los aires, vecinos huyendo de la escena, y 19 contramanifestantes de izquierda también investigados. El Ayuntamiento de Gasteiz ha elevado el coste mínimo de los desperfectos hasta los 10.000 euros, sin contar aún los contenedores quemados.
En paralelo, al margen del enfoque meramente policial o de seguridad ciudadana que corresponde a la Ertzaintza, el departamento de Derechos Humanos de la socialista María Jesús San José sigue analizando si podría aplicarse la Ley vasca de Memoria por enaltecimiento del franquismo y humillación a las víctimas. Fuentes del departamento consultadas este mismo miércoles por Grupo Noticias aseguraban que su investigación depende del atestado de la Ertzaintza, que van a solicitar esa información a Seguridad y, con ella, redactarán un informe para informar a la Fiscalía. “A partir de ahí, nos ponemos a disposición de la Fiscalía para lo que considere", añaden. El departamento socialista aclara que, mientras el asunto esté judicializado, la vía administrativa estará en suspenso.
4.683 votos en el Estado y un intento frustrado de presentarse en Bilbao, Donostia y Gasteiz
Los altercados de Gasteiz han puesto en el foco a un partido con escasa proyección en el Estado español y nula incidencia en la comunidad autónoma vasca. Intentaron presentarse a las elecciones municipales vascas de 2023 en las tres capitales de la CAV, pero tuvieron que retirar sus planchas por varios errores, como la repetición de unos cuantos nombres en las listas. El propio Norberto Pico aparecía como cabeza de lista en Gasteiz, por Bilbao iba a concurrir Carlos García Juliá (condenado por la matanza de abogados laboralistas de Atocha en 1977), y la candidatura de Donostia la encabezaba Martín Sáenz de Ynestrillas, hermano de uno de los procesados por el asesinato del diputado de HB Josu Muguruza (finalmente fue absuelto) e hijo de un comandante asesinado por ETA. En las elecciones generales de julio de 2023, obtuvo 4.683 votos en todo el Estado, nuevamente sin ninguna incidencia en la comunidad autónoma vasca y tampoco la tuvo en Nafarroa.
En los últimos tiempos, el principal referente de la extrema derecha lo ha sido Vox, pero la confrontación con grupos antifascistas en la marcha de Gasteiz ha dado a Falange una trascendencia mediática de la que carece a nivel de militancia. La marcha se convocó con el lema La unidad de España ni se vota ni se negocia. Se convocaron tres contramanifestaciones antifascistas, pero solo una de ellas derivó en un enfrentamiento directo y altercados, y el PNV ha señalado abiertamente a las juventudes oficiales de Sortu, Ernai, y a las críticas, GKS, por haber alentado esa convocatoria. EH Bildu no ha condenado esos altercados porque cree que supondría caer en la “equidistancia”.
La Ertzaintza investiga al jefe de Falange por presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. La nota explica que se investiga la utilización de enseñas preconstitucionales, y un incumplimiento de los términos reflejados en la solicitud de concentración: “falta de control por parte del organizador en el porte de instrumentos peligrosos (palos) que se utilizaron para agredir, y no respetar las personas asistentes la zona de concentración expresamente delimitada por la Ertzaintza”.
