259.000 personas viven en exclusión social en Euskadi y 84.000 de ellas lo hacen en su forma más grave

Euskadi mantiene mayores niveles de integración social que la media estatal, ya que ha reducido de forma la clara la exclusión severa, presenta menores niveles de pobreza y desigualdad y cuenta con un sistema de garantía de ingresos que evita escenarios peores. En concreto, en 2024, 259.000 personas (12%) vivían en exclusión social en la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) frente a las 300.000 de 2018, de las que 84.000 lo hacen en su forma más grave. 

Sin embargo, paraCáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que presentaron este miércoles, en Vitoria, el informe que analiza la evolución de la integración y la exclusión entre 2018 y 2024 a partir de una muestra representativa de hogares vascos sobre sus condiciones de vida y dificultades cotidianas, este balance positivo “no puede llevar a la autocomplacencia porque crece la integración precaria (que pasa del 27% al 35%), se intensifica la exclusión en el acceso a derechos, especialmente en vivienda y salud, y persisten bolsas importantes de desprotección material”.

CLASE MEDIA

"Hay una clase media en retroceso y desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores. El informe habla de pobreza y, principalmente, de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos, sino de una acumulación de dificultades que limita la integración: en empleo, salud, participación...", alertaron Thomas Ubrich, miembro del equipo de Cáritas España y del comité técnico de Foessa, y Ana Sofi Telletxea, responsable del equipo de Análisis y Desarrollo Social en Cáritas Bizkaia, acompañados de Maite Sebal, directora de Cáritas Vitoria.

Ante esta "encrucijada", Foessa y Cáritas apelan a un nuevo pacto social "con dos motores": instituciones públicas "fuertes", capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades, y una sociedad civil "activa, organizada y corresponsable".

"Se trata de apostar por un cambio de rumbo que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural, para construir un futuro en el que nadie se quede atrás", frente a una estructura que "desgasta a las personas y al planeta, en un modelo individualista".

MÁS PRECARIEDAD

Entrando de lleno en los datos de este informe, concluye que hay menos exclusión severa, pero más precariedad. En 2024, el 53,5% de la población se encontraba en integración plena, el 35% en integración precaria (cuando empieza a haber algún problema grave, por ejemplo, al perder el empleo) y el 12% en exclusión social (259.000 personas). Respecto a 2018, se reduce la tasa global de exclusión, "pero cae la integración plena y crece de forma notable la integración precaria: hay menos personas totalmente fuera, pero muchas más dentro, viviendo hoy en la cuerda floja".

POBREZA

En cuanto a pobreza y desigualdad, hay avances reales, "pero frágiles e incompletos".

Y es que pese a que entre 2020 y 2022, la tasa de riesgo de pobreza en Euskadi ha bajado del 18% al 16,5% y la pobreza severa, del 6% al 5%.

También se ha reducido la desigualdad de ingresos, "consolidando a Euskadi entre las sociedades con menos desigualdad del Estado".

Sin embargo, el documento avisa de que la carencia material y social severa aumenta ligeramente: el 22,5% de la población no puede afrontar un gasto imprevisto; el 18% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 12% no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

"FALLA EL SISTEMA"

Y aunque sitúa a Euskadi como la comunidad "con mayor cobertura del Ingreso Mínimo Vital y una de las rentas autonómicas con mayor peso relativo del Estado", no todas las personas que podrían acceder a estas prestaciones lo hacen, "especialmente, las que sufren pobreza más intensa, y muchas declaran falta de información".

De hecho, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa ponen en marcha estrategias para salir adelante, "pero se encuentran con dispositivos fragmentados, apoyos escasos y poco personalizados. No fallan las personas: falla un sistema que no siempre acompaña con coherencia, continuidad y cercanía".

"El mito de pasividad,del que viven de prestaciones es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia, ya que la mayoría trabaja o estudia, pero se topan con barreras estructurales, recursos escasos o poco fragmentados", matizó Ubrich.

VIVIENDA

El informe también apunta a la vivienda como "el epicentro de la desigualdad y la exclusión".

En concreto, una de cada seis personas (17%) sufre algún rasgo de exclusión residencial y, desde 2018, los precios han subido cerca de un 20%, mientras el alquiler se encarece un 16% (más del 20% en Vitoria y Araba).

"Aunque solo el 17% de la población vive de alquiler, entre las personas en riesgo de pobreza lo hace el 52%; y el riesgo de pobreza apenas alcanza al 5% de quienes viven en propiedad frente al 30% de quienes alquilan".

Y un 13% de hogares (unos 122.000) cae por debajo del umbral de pobreza severa para pagar vivienda y suministros "y decenas de miles de personas residen en viviendas inseguras o inadecuadas, especialmente hogares de origen extranjero y encabezados por mujeres y familias con hijos e hijas".

EL BOLSILLO NO LO NOTA

Otra de las conclusiones es que el empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo notan.

Porque aunque en el periodo analizado ha crecido el número de personas ocupadas en Euskadi (al pasar de 924.000 a 988.000) y el salario medio aumenta un 17% en términos nominales, apenas lo ha hecho un 0,6% en términos reales, una vez descontada la inflación.

"La precariedad persiste: el 8% de personas ocupadas sufre parcialidad involuntaria (por ejemplo, al aceptar un trabajo a reducción de jornada para compatibilizarlo con los cuidados familiares), el 6% afronta inestabilidad laboral grave y el 11% de los hogares vascos está afectado por exclusión en el empleo (desempleo, inestabilidad grave o parcialidad involuntaria)".

RELACIONES SOCIALES

El informe también subraya que las relaciones sociales avanzan hacia "una red rota y desigual". Entre otros motivos, porque en Euskadi el 9% de la población sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% de la media estatal, aunque la situación ha mejorado desde 2018.

Pese a ello, los casos más graves, como pasar hambre o no poder comprar medicación, se concentran en la población en exclusión y en quienes viven en la integración precaria.

Esta dificultad para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos afecta a unas 157.000 personas y el 13% de los hogares declara haber pasado hambre en los últimos diez años.

También hay que tener en cuenta que la exclusión y precariedad deterioran el estado de ánimo y la estabilidad emocional.

"El rasgo más importante en Euskadi es el impacto en la salud mental. Crece la ansiedad y la depresión entre mujeres, migrantes y quienes viven en pobreza. Hoy, la salud mental es un auténtico termómetro de justicia social", precisó el miembro del equipo de Cáritas España y del comité técnico de Foessa

En este sentido, la inseguridad laboral se confirma como uno de los factores que más desgasta la salud mental.

LOS ROSTROS DE LA EXCLUSIÓN

Y lo que no cambia es que la exclusión social no de distribuye al alzar, al tener tres rostros reconocibles.

El primero es extranjero (la tasa de exclusión es del 41%, esto es, cinco veces superior a la de quienes tienen nacionalidad española).

El segundo es el de joven e incluso niño (la tasa entre menores de edad es de un 20%, lo que significa que es más de tres veces superior a la de personas mayores de 65 años y los hogares con menores suponen el 65% de la población excluida ya que "etapas de crianza se tensan los presupuestos").

Y el tercero es femenino (al afectar al 15% de hogares encabezados por una mujer).