Fiscal ve acoso en los rezos antiabortistas de Vitoria que las defensas enmarcan en el derecho a la fe

La Fiscalía cree que hubo acoso e intimidación en las concentraciones diarias de personas rezando frente a una clínica de Vitoria que practica interrupciones voluntarias del embarazo y que han sido juzgadas esta semana por un delito de coacciones, unos rezos que las defensas enmarcan en el "legítimo derecho a expresar la fe".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria ha celebrado este jueves la última jornada del juicio contra 21 antiabortistas por haberse concentrado en grupos de unas cinco personas con pequeños carteles y rosarios entre el 28 de septiembre y el 7 de noviembre de 2022 frente a la clínica Askabide.

La Fiscalía pide para ellos cinco meses que podrían sustituirse por 100 días de trabajos para la comunidad. La clínica, personada como acusación particular, se ha adherido a la petición del fiscal con una posible sustitución por 75 días de trabajos para la comunidad. Pide además 20.000 euros de indemnización y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros. Las defensas solicitan la libre absolución.

En esta última sesión se han presentado los informes finales de las partes. El fiscal ha expuesto que los procesados "no se limitaban a rezar en silencio", sino que realizaban "una actuación coordinada para tener una presencia constante ante la clínica, rezando de forma audible y siendo visibles con la intención de obstaculizar" la decisión de las mujeres de poner fin a sus embarazos.

Se trataba de una "acción conjunta" articulada en torno al movimiento '40 días por la vida' —que promueve el rezo ante "abortorios"— que "supone acoso, coacción e intimidación", ha argumentado el Ministerio Fiscal, que considera que "la mera presencia" de estas personas frente a la clínica es "coactiva".

También la acusación particular entiende que hubo una "estrategia colectiva, persistente y organizada" para "influir" en el personal de la clínica" y "entorpecer" el derecho a interrumpir el embarazo. En este juicio "no se persiguen creencias, sino un plan sistemático de hostigamiento", ha dicho la abogada.

A su juicio, los acusados eran plenamente conscientes de "su presencia intimidatoria como grupo" y por tanto son "coautores" de un delito de coacción porque "con su presencia contribuían a crear un clima de hostigamiento". "Había un plan para coaccionar, usaban el rezo como arma y la fe como coartada", ha dicho.

La letrada de la acusación ha recalcado que en este caso "el castigo es lo de menos" porque lo importante es "proteger el derecho de decidir de las mujeres". Absolver a los acusados, ha advertido, "supondría una falta de protección" para estas.

Los seis abogados defensores han comparado rezar delante de "abortorios" con las manifestaciones de los antitaurinos ante las plazas de toro: "¿Qué mejor sitio para expresar una opinión a favor de la vida que delante de un sitio donde se practica todo lo contrario?", se ha preguntado uno de los letrados.

Han explicado que las oraciones eran para pedir "por las mujeres y sus hijos", que "estaban dirigidos a Dios" y que en ningún caso pretendían acosar u hostigar, sino que forman parte del "legítimo derecho a expresar la fe". Han negado asimismo que detrás de estas concentraciones "pacíficas" hubiera "un plan preconcebido" de acoso.

Los letrados han considerado totalmente imposible que los rezos se oyeran desde el interior de la clínica, ya que se concentraban "a unos 30 metros" en una calle "ruidosa" y además se oraba en voz baja.

Han cuestionado además la veracidad del testimonio del gerente de Askabide, Igor Elberdin, y de la trabajadora y pacientes que declararon sentirse "señaladas" e "intimidadas" por estas concentraciones, y han puesto en duda también que estas movilizaciones hayan causado "perjuicio" a la clínica.

"No hay ni una mínima prueba" en contra de los acusados, sino "muchas de su inocencia". "No hay ninguna prueba de cargo y no se ha acreditado nada", han señalado.

Dos de los acusados han hecho uso del derecho a la última palabra. Uno de ellos ha asegurado que no quería intimidar a nadie, solo quería ayudar a las mujeres y que no ve los trabajadores de la clínica como "enemigos". El otro, un sacerdote, ha avisado de que si es condenado no pagará la indemnización porque no quiere dar dinero a un centro que practica abortos.

El juicio ha quedado visto para sentencia.