Juzgan a una red nigeriana que explotaba sexualmente a compatriotas en Lanzarote y Vitoria

La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana a tres mujeres y cuatro hombres de nacionalidad nigeriana que se enfrentan a penas de ocho a once años de prisión, acusados de formar parte de una red criminal que captaba a jóvenes de su país a las que prometían un trabajo digno en España y trasladaban a Lanzarote para explotarlas sexualmente y temporalmente también a Madrid y Vitoria.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, mediante amenazas de causarles algún mal a ellas o sus familias y, tras someterlas a un ritual de vudú, los acusados obligaban a sus víctimas a ejercer la prostitución, explotándolas con el único objetivo de lucrarse con el dinero que las chicas obtenían.

Las víctimas, señala la Fiscalía, tras la ceremonia de vudú, eran acompañadas por una persona de la organización en su viaje desde Nigeria hasta Lanzarote, pasando por Grecia, París y Madrid.

En la capital de España eran recogidas por personas de la red y después eran entregadas en Lanzarote a la máxima responsable de la organización, a la que le debían pagar el dinero que ganarían ejerciendo la prostitución.

El grupo contaba con otras personas que se encontraban en Nigeria, como es el caso de un tal Harryson, que les facilitaba el billete de avión de Lagos a Francia; en París, para recoger a las mujeres en el aeropuerto, trasladarlas al hotel y comprarles el billete de avión con destino a Madrid; y en la capital de España, donde pasaban unas noches en el domicilio de un tal Bobby, antes de ser trasladadas en avión a Canarias.

Según la Fiscalía, el día 25 de septiembre de 2015, varias chicas viajaron en la compañía Ryanair a Lanzarote, donde las recogió la principal procesada, la acusada S.O., las llevó a los domicilios donde permanecían alojadas y de los que solo podían salir para ejercer la prostitución en la zona de Puerto del Carmen y Arrecife, si bien eran también trasladadas temporalmente tanto a Madrid como a Vitoria, con el mismo fin.

Las víctimas no podían quedarse el dinero que ganaban, que oscilaba entre 70 y 120 euros por cada servicio, ya que estaba destinado a pagar las deudas contraídas con los acusados.

Así mismo, según el Ministerio Fiscal, los procesados no dudaban en emplear cualquier clase de amenazas, coacciones, violencia física o psíquica sobre las chicas, que no denunciaban las víctimas por miedo a poner en riesgo sus vidas.

La acusada S.O. se enfrenta a once años y seis meses de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por ser la jefa de la red criminal, mientras que el resto de acusados afronta una solicitud de ocho años de cárcel.