La fiscalía ha abogado por la entrada en prisión de Alfredo De Miguel, el cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi, y fuentes de las defensas creen que hará lo mismo y seguirá esta línea con los otros tres condenados del caso que también están pendientes de ingresar en la cárcel.
El fiscal que lleva el caso, Josu Izaguirre, presentó este miércoles un escrito en el que se opone a la petición de indulto realizada por la defensa de Alfredo de Miguel, el cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi.
En concreto, De Miguel pidió un indulto parcial referido únicamente al delito de asociación ilícita, por el que fue condenado a tres años, la única pena superior a dos años que conlleva su internamiento en prisión.
Los otros tres condenados que esperan entrar en prisión son su compañero de partido Koldo Otxandiano, condenado a 7 años y 6 meses, el exconcejal de Vitoria Aitor Telleria, a seis años y un mes -ambos han pedido también el indulto y Telleria ha alegado además enfermedad-, y el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, cuya pena suma 7 años y un mes de cárcel.
En su escrito sobre la petición realizada por De Miguel, la fiscalía se ha opuesto a que se suspendan las penas, recordando que son superiores a dos años -De Miguel ha sido condenado a penas que acumulan doce años-.
Fuentes de las defensas de los otros condenados han explicado que aún no han recibido el escrito de la fiscalía sobre sus peticiones de suspensión, pero que esperan que la fiscalía, como ha hecho con De Miguel, también se oponga.
De hecho, tras la condena en primera instancia en el 2019 la fiscalía ya solicitó el ingreso en prisión de los condenados, pero entonces la Audiencia decidió esperar a que la sentencia fueran firme, lo que ocurrió este año por parte del Supremo.
Ahora, tras los días festivos de Semana Santa, la Audiencia alavesa deberá decidir la próxima semana si sigue la línea de la fiscalía y confirma el ingreso en prisión o si acepta alguno de las alegaciones de las defensas y demora la entrada en la cárcel.
Sobre los plazos para la entrada en prisión, hay discrepancias según las fuentes consultadas: fuentes jurídicas oficiales han asegurado que no es necesario esperar a que la Audiencia resuelva antes del ingreso en prisión, que debe hacerse efectivo contando diez días naturales a partir del 31 de marzo, cuando se notificaron las condenas, es decir, para el 10 de abril.
En cambio, a juicio de los defensores, el plazo de 10 días deberá empezar a correr una vez que la Audiencia decida sobre estas peticiones de suspensión de la pena, lo que llevaría a finales de abril.
De esta forma los abogados apuran los plazos e instrumentos legales para evitar el ingreso en prisión de estos 4 procesados del total de 14 personas condenadas en este proceso, que además deben pagar cuantiosas indemnizaciones y multas, y afrontar largas condenas de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
