La nueva legislatura en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) arrancó ayer sin sorpresas en la constitución de una Mesa del Parlamento que responde a la representatividad que dan los escaños y se completó, consecuentemente con los tres mayores grupos del Parlamento: los de PNV, EH Bildu y PSE. Las esperadas críticas a su composición por parte de los partidos de la oposición dibujan un discurso deudor de los mismos parámetros con los que acabaron la anterior legislatura y encararon las elecciones. Frente a la mayoría absoluta que sustentará al futuro gobierno, ni EH Bildu ni el PP sitúan como portavoces a sus primeros espadas –Pello Otxandiano y Javier de Andrés, respectivamente–, preservándolos a conveniencia. En su lugar, la de EH Bildu, Nerea Kortajarena, reducía a “reparto de sillas” entre PNV y PSE la composición de la Mesa; y la del PP, Laura Garrido, achaca que falta representatividad porque no está su partido. En su reproche, ambas sustraen que la Mesa se compone por los votos que suma cada candidato y retrata la capacidad de acordar de quien carece de peso suficiente. Por ello, a EH Bildu le dan sus escaños dos de las cinco sillas “repartidas” y el PP –que en el Senado se repartió con el PSOE los siete cargos y dejó fuera a cinco grupos parlamentarios–, ninguna. Lo que denota esta crítica de perfil bajo es la voluntad de escenificar la retórica de oposición desde el principio. No debería implicar, sin embargo, que desoigan el llamamiento al acuerdo realizado por la presidenta, Bakartxo Tejeria, quien tras su reelección recordó que los retos en defensa del bienestar colectivo demandan de la voluntad de acuerdo y el respeto a la ciudadanía, al rival político, y a la propia institución del Parlamento. En este sentido, los consensos permitirían fortalecer los servicios públicos presentes en todos los eslóganes políticos. Aludió la presidenta a la profundización del autogobierno. Lejos de ser agenda nacionalista, como reprochó el PP, consolidar un nuevo estatus de reconocimiento de Euskadi y relación con el Estado es un compromiso transversal, en tanto figura en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV e implica, como mínimo, a este partido y al PSE. La actitud del resto de fuerzas debería ser de aportar desde sus legítimas convicciones, pero nunca de obstaculizar.