El acuerdo in extremis alcanzado entre el PSOE y Junts que permitió a Pedro Sánchez salvar el pasado miércoles dos de sus decretos incluye, según han explicado sin demasiada concreción las partes implicadas, una delegación de competencias en materia de inmigración por parte del Estado a Catalunya que está siendo objeto de duras críticas tanto por parte de la derecha como de la izquierda españolas basadas en prejuicios y apriorismos fruto, en muchos casos, de la manipulación. Es verdad que la falta de información sobre el acuerdo así como declaraciones contradictorias o fuera de la realidad de algunos de los protagonistas han permitido elucubraciones malintencionadas. Aunque todo son incógnitas, de lo poco que se sabe, la delegación de competencias de inmigración pactada en modo alguno supondría que el diseño de la política migratoria o la capacidad de expulsión de personas –como se ha llegado sugerir– pasase a ser competencia de la autonomía, toda vez que el Gobierno español ha expresado que esta medida se extendería al resto de las comunidades. Es incuestionable que el artículo 149.1.2 de la Constitución establece que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, aunque cabe la posibilidad, como en otras materias, de “transferir o delegar” algunas capacidades a través de una ley orgánica como fija el artículo 150.2. Es decir, que sería plenamente legal. Hay que tener en cuenta que la Constitución data del siglo pasado y que el fenómeno de la inmigración en 1978 nada tiene que ver con la situación actual. Las comunidades autónomas pueden y deben tener un papel activo y determinante en asuntos como la acogida, asistencia, protección o el impulso de políticas que favorezcan la inclusión social de los migrantes y refugiados. Las hiperbólicas reacciones que se están dando en el Estado español en las que vuelve a agitarse el fantasma de la destrucción del Estado con unas “fronteras” (sic) controladas por los soberanistas y acusando a estos de “xenófobos”, cuando se trata precisamente de practicar políticas más acogedoras y humanas y de respeto a los derechos humanos de todas las personas –lo que, por otra parte, no siempre se cumple en el Estado español–, no buscan sino erosionar al Gobierno de Sánchez y a sus aliados y pretenden una vuelta de tuerca más en la recentralización.