Se cumplió el sábado un año de la masacre de Melilla, en la que un intento masivo de asalto a la valla que separa las fronteras de personas migrantes procedentes en su mayoría de países subsaharianos se saldó con decenas de asesinados o abandonados a su agonía hasta la muerte, Amnistía Internacional acaba de hacer público un informe en el que eleva el balance humano de la tragedia a 100 personas, cuatro veces más que el balance de 23 fallecidos de las autoridades de Marruecos. La cifra ya había sido barajada también antes. Tres meses después de aquella matanza, una estimación de expertos de Naciones Unidas ya elevó el número de muertos de la valla al menos a 37. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la única ONG que trabaja en Marruecos en ese ámbito y que es independiente, ha sostenido durante estos 12 meses que había 77 inmigrantes desaparecidos. La brutalidad, crueldad e inhumanidad que transmitieron al mundo los hechos ocurrido en territorio marroquí, pero que también afectaron a territorio soberano del Estado español, son una prueba más de la realidad trágicamente cronificada de las rutas de la inmigración. Es obvio que Marruecos comparte en aquellos hechos, incluso en mayor medida, la responsabilidad sobre el asalto a la valla, la brutal actuación de la policía y, en consecuencia, las muertes que se produjeron, la ausencia de auxilio a los heridos, así como en las ilegales devoluciones en caliente de migrantes, pero el Estado español no puede dejar de medirse en esa misma balanza. Lo mínimo que puede exigirse un año después y dada la gravedad de lo ocurrido es transparencia y explicaciones claras, algo que hasta ahora el Gobierno español y el ministro Marlaska han tratado de evitar empañando de falsedades y oscurantismo sus responsabilidades en aquellas muertes. Las sucesivas excusas y desinformaciones que ha ofrecido durante este año Marlaska al Congreso y a la opinión pública componen un panorama que, desde los valores democráticos y los derechos humanos, pone los pelos de punta ante indicios de complicidad en una salvajada más de Marruecos que no han podido quedar desmentidos hasta ahora, y ya parece difícil que puedan serlo, y debe acarrear responsabilidades políticas y penales. Sin olvidar que todo ello sucedió tres meses después de que Madrid se adhiriera sumisamente a la propuesta ilegal de Marruecos traicionando los derechos del pueblo saharaui que avalan el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU.
