La ronda de negociaciones entre el Gobierno Vasco y los grupos parlamentarios con la intención de alcanzar un acuerdo que ensanche los apoyos al proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2023 ha arrancado esta semana con una sensación generalizada de que, dadas las posiciones planteadas, hay serias dificultades para el logro de un acuerdo, aunque todos los protagonistas han mostrado su voluntad de mantener el diálogo. En el curso de estas conversaciones con los grupos parlamentarios, que continuará este martes, se ha producido un sorprendente choque en un aspecto colateral –aunque de carácter estratégico– como es el pacto educativo.
La propuesta presupuestaria realizado por el consejero Pedro Azpiazu a PP+C’s para la inversión en aulas de niños de dos años en la enseñanza concertada ha provocado una sobredimensionada reacción de Elkarrekin Podemos –no es la primera–, que ha acusado al Gobierno Vasco de haber “roto” el acuerdo en educación y ha insinuado que se sitúa fuera del mismo. EH Bildu también ha criticado la propuesta, aunque de manera más matizada.
La polémica generada, en todo caso, parece artificial y el amago de ruptura del consenso educativo es desproporcionado y responde más a otros intereses que a la realidad de los hechos y a la responsabilidad con la que debe abordarse la futura ley para la enseñanza en Euskadi. Sobre todo, porque el planteamiento realizado por el consejero ya estaba previsto y contemplado en el proyecto presupuestario.
El lehendakari respondió el viernes para asegurar que la interpretación realizada por Elkarrekin Podemos “no se ajusta a la realidad” del acuerdo y para reafirmar, en todo caso, el “compromiso” del Gobierno Vasco con el pacto educativo, cuestión que reafirma hoy el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, en la entrevista que publicamos. El anteproyecto de Ley de Educación no ha comenzado aún su debate parlamentario pero hay distintas fuerzas políticas, sindicales y sociales que intentan mediatizarlo y condicionarlo por intereses ideológicos y económicos.
El pacto, su gestión y materialización hasta alcanzar el apoyo del 90% del Parlamento Vasco, fue muy complicado y tiene un extraordinario valor en sí mismo. Romperlo no sería coherente ni responsable y cumplir su espíritu es obligación de todos los agentes implicados, sin excusas espurias.
