a destitución -“sustitución”, en la eufemística e inverosímil versión de la ministra de Defensa, Margarita Robles- de la directora del CNI, Paz Esteban, confirma la gravedad del caso del espionaje masivo a través del software Pegasus y su asunción como tal por parte del Gobierno español, que con esta maniobra trata de atajar el alcance de la crisis institucional y de relación con los independentistas catalanes. Con este cese, el Ejecutivo de Pedro Sánchez construye, así, un cortafuegos con el objetivo de evitar que el incendio provocado por el escándalo siga extendiéndose y acabe calcinando definitivamente los ya de por sí frágiles y fácilmente inflamables vínculos que mantiene con sus socios y amenazando incluso la legislatura. Pero, por definición, un cortafuegos no apaga por sí solo un incendio de estas dimensiones ni evita sus consecuencias. El Gobierno cree haber hallado en la jefa del CNI el chivo expiatorio propicio para purgar los considerables e injustificables errores cometidos en este escándalo. Aunque la ministra Robles siga insistiendo en que el espionaje a los independentistas se realizó bajo autorización judicial -ayer abogó incluso por desclasificar estos permisos legales-, el hackeo a los móviles del presidente Sánchez y dos ministros, así como el intento frustrado a un tercero, suponen una mancha imborrable en la labor de los servicios secretos. Con todo, la destitución de Esteban y su relevo al frente del CNI por una persona de la máxima confianza de la ministra, la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, supone una válvula de escape, un alivio que puede rebajar el clima de tensión y facilitar el regreso a la vía del diálogo con los legítimamente agraviados socios de gobierno pero de ninguna manera zanja la crisis abierta, a no ser que pretenda cerrarse en falso. La sucesión de errores cometidos obliga a cambios estructurales, y no solo de nombres, en el CNI, porque la responsabilidad va más allá de su directora. Los servicios de inteligencia deben ser no solo eficaces, sino plenamente democráticos y sujetos a control democrático. ERC ya ha advertido de que esta maniobra no es suficiente, aunque se ha mostrado dispuesta a “ayudar” y a mantener el diálogo. La próxima reunión acordada entre Sánchez y el president, Pere Aragonès, debe ser el punto de inflexión para restablecer una mínima confianza. l
