a petición realizada por cerca de medio millar de miembros de la Policía y la Guardia Civil y de 50 damnificados por el terrorismo de ETA para ser reconocidos como víctimas de vulneraciones de derechos humanos por motivación política al amparo de la conocida como ley de abusos policiales es no solo insólita, paradójica e incongruente sino que se antoja ilegítima y se presenta como una maniobra de ciertos sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para boicotear, desvirtuar o adulterar el espíritu de la norma aprobada por el Parlamento Vasco. Es constatable, en primer lugar, que se trata de una operación planificada, puesto que las peticiones de estos agentes o exagentes constan de solicitudes tipo. Los miembros de las FCSE han podido ser víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia de persecución y la amenaza para ellos y sus familias. Asimismo, otras personas han podido ser también víctimas directas o indirectas de la banda armada y grupos paralelos. Pero en ambos casos, su reconocimiento como tales tiene su propio ámbito legal y específico en la Ley de Víctimas del Terrorismo. La Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la CAPV entre 1978 y 1999 era, precisamente, la norma que otorgaba garantía jurídica al reconocimiento y reparación a personas que habían sufrido lo que comúnmente se conoce como “abusos policiales” y que pese a haber sufrido graves conculcaciones en su integridad física y psíquica por actuaciones de agentes públicos -incluidos asesinatos y torturas- no estaban amparadas por disposición legal alguna. El contundente rechazo a esta artimaña -con la única oposición de PP+C’s y Vox- aprobado ayer por el Parlamento Vasco, la misma institución que debatió y aprobó la ley, y su denuncia de este “intento de desvirtuar el espíritu y la letra” de la normativa es clarificador de las intenciones de esta ofensiva. Este intento de torpedear el reconocimiento a víctimas de terribles violaciones de derechos humanos tiene también una motivación política: la de evitar el reproche a comportamientos inmorales y delictivos cometidos por agentes públicos y la búsqueda de la impunidad. En ninguno de estos ámbitos encontrarán eco ni soporte ni de las instituciones ni de la sociedad vasca.