ras cincuenta y tres días leyendo la trágica realidad de la pandemia en la estadística de contagios y víctimas, la desescalada y el progresivo final del confinamiento que ha supuesto la paulatina reducción de sus cifras viene acompañada de otras de diferente pero también dramática realidad, las del desempleo que en el mes de abril reflejan su particular curva ascendente. La tendencia general del Estado -282.891 desempleados más (+8%) en abril, según datos del Ministerio de Trabajo-, donde se vuelve a superar los 3,8 millones de parados, la tasa más alta desde hace tres años en el peor abril de la historia, también tiene reflejo en Euskadi con 10.430 personas más en desempleo el último mes (21.400 desde que se decretó el estado de alarma) para un total de 138.643. La comparación respecto al abril anterior, el de 2019, cuando 12.569 vascos salieron del desempleo y se firmaron casi cincuenta mil contratos más, es el evidente reflejo del efecto del coronavirus, más allá de la prioritaria salud pública, en el ámbito socieconómico y de manera especial en el empleo menos estable; también de lo que será la nueva prioridad una vez se haya controlado y estabilizado definitivamente la transmisión del coronavirus. Y si los diferentes datos sociosanitarios y la diferente capacidad de los sistemas de salud hacen patente la necesidad de desarrollar y dirigir la desescalada desde la cercanía del conocimiento de la situación de salud pública y de los recursos sanitarios propios, la evidencia de la notoria disparidad entre economías, reflejada asimismo en los datos globales de desempleo y en la relevancia de los diferentes sectores, incide en la evidencia de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ni debe ni puede pretender la asunción de una gestión homogénea de esa nueva prioridad. En Euskadi no es ni siquiera una cuestión de si el estado de alarma es o no necesario aún -como alegó Ábalos al situar la alternativa en el caos-, toda vez que el texto refundido de la Ley vasca de Gestión de Emergencias que hace frente a “situaciones de riesgos colectivos graves, catástrofe y calamidad pública”, a la que hace referencia el decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, del 13 de marzo ya prevé el desarrollo de planes de autoprotección de la sociedad vasca (arts. 20 y siguientes), pero también (art. 36) los de recuperación del tejido socioeconómico.