La pretensión del presidente del PP, Pablo Casado, de aparecer ante la opinión pública investido de una supuesta responsabilidad como líder de la oposición mediante el ofrecimiento público de pactos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, incluyendo la posibilidad de un acuerdo presupuestario, denota sin embargo la concepción unilateral e inflexible que el principal partido de la derecha posee de una actividad, la política, que debería estar encaminada al logro de consensos. En realidad, Casado no los ha planteado, ni siquiera aquellos que se podrían alcanzar en la renovación de los organismos de Justicia mediante el mismo mecanismo de reparto de cargos que, mal empleado, ha situado al sistema judicial en su cuestionada situación actual, sino que establece una serie de premisas que sabe inasumibles por el Ejecutivo por cuanto conforman una renuncia tanto a los principios que permitieron establecer la coalición de Gobierno como a los acuerdos que hicieron viable la investidura de Pedro Sánchez pese a la oposición de toda la derecha (PP, C’S y Vox). Todo lo contrario, el Gobierno del Estado precisa encauzar ya una transformación profunda que permita el desarrollo y ejercicio de derechos que pese a tener reflejo constitucional hasta ahora se habían visto limitados por una lectura restrictiva de los mismos o directamente ignorados. Pero es que, además, la exigencias de ruptura del diálogo con la Generalitat cuando este todavía es apenas incipiente, de renuncia a las modificaciones en política fiscal o a la reforma del Código Penal o de desistimiento de la derogación de la reforma laboral llevan implícita una enmienda a la mayor parte de los principios y directrices con que se comprometió Sánchez ante la sociedad. Demandarlo es casi tanto como exigir que el Gobierno Sánchez se limite a ejercer de apéndice de los gobiernos de Rajoy cuando lo que necesita el Estado español, tanto en su propia estructuración como en el diseño de sus orientaciones socioeconómicas, es precisamente no repetirse en el bucle de unas políticas rechazadas por la mayoría social -lo que se reflejó de modo nítido en las citas electorales de 2019- y unas prácticas que todavía hoy tienen causas pendientes ante la justicia y de las que el PP no logra separarse, lo que condiciona su papel de oposición y le impide aspirar a regenerarse como alternativa.