El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha detallado que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo español antes los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.
Sánchez ha anunciado un paquete de medidas para abaratar el coste de la energía y proteger a los consumidores, que incluye la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, así como la aplicación de este mismo tipo reducido a la gasolina y al gasóleo, además de la congelación del precio máximo del butano y el propano. Según el Ejecutivo, estas medidas permitirán una reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante. Además, se va a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y, por tanto, también a la leña.
Asimismo, Pedro Sánchez ha anunciado que se extenderá hasta diciembre los descuentos del bono social y la prohibición de cortar los suministros a los hogares vulnerables, al tiempo que contempla bonificaciones en los peajes eléctricos para las industrias más expuestas.
El segundo eje del Plan Integral contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en renovables.
Control de los márgenes empresariales
El decreto de medidas anticrisis incluye además un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.
Así, se reforzará la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.
Para ello, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, concretamente el artículo 116, para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en ese ámbito, al tiempo que se plantea un esquema de seguimiento más cercano de la evolución con informes periódicos y recabando información adicional de los distintos agentes.
Una guerra impredecible
Sánchez ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya ha llegado a los hogares cada vez que cogen el coche o se desplazan, y empiezan a sufrir el aumento de los precios de los combustibles.
"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", ha señalado.
Sánchez ha reafirmado que el Estado español está mejor preparada para hacer frente a esta crisis, dado el fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y la apuesta decidida por un modelo energético completamente diferente, con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética.
El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluye una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21%) al reducido (10%).
Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.
Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -según ERC, el descuento sería del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía.
Asimismo, se ha incluido la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus'.
Debate y votación
El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, este decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días.
No obstante, la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación. Desde el Gobierno han asegurado que este plan contará con flexibilidad suficiente para ir "adaptando y adoptando" las medidas necesarias según la evolución de la situación.
