Cada vez más familias y centros educativos de Álava están optando por retrasar la entrega del primer teléfono móvil con conexión a internet ante sus posibles efectos en la salud y el desarrollo de los menores. Se trata de uno de los principales objetivos de Altxa Burua, un movimiento ciudadano impulsado por familias que, tras varios años de crecimiento, se ha constituido como asociación y supera ya las 20.000 familias adheridas en Euskadi.
La iniciativa nació en 2019 en Gipuzkoa y se ha ido extendiendo al resto de territorios a través de grupos de familias organizados principalmente en torno a las AMPAs y comunidades educativas. En Álava, ya son decenas de centros educativos implicados en la red, según detalla la delegada territorial, Ainhoa Sesma.
“Las familias se han ido organizando porque había una preocupación común y, sobre todo, una presión social muy fuerte ya instaurada de entregar a una determinada edad el móvil”, señala. Esa presión, añade, se hacía especialmente visible en el paso a la Educación Secundaria: “Parecía que en primero de la ESO automáticamente se entregaban los móviles”.
Según sus registros, en la actualidad en torno al 75% del alumnado de entre 11 y 12 años participa en pactos de no entrega del móvil, lo que implica que una mayoría de menores de esa franja de edad aún no dispone de smartphone en propiedad.
En algunos centros educativos donde se han impulsado estos acuerdos, se ha pasado en apenas tres años de que el 100% del alumnado de 2º de la ESO tuviera smartphone a solo un 16%, y entre estudiantes de 12 y 13 años, de un 98% en 2021 a cerca de un 5% en la actualidad.
La estrategia de la asociación se basa en crear grupos amplios de familias que adquieren compromisos conjuntos, reduciendo así el efecto arrastre que se produce cuando unos menores tienen móvil y otros no. Estos pactos, que pueden fijar límites concretos (en algunos casos hasta los 16 años), se revisan de forma periódica y buscan dar tiempo a que los menores maduren y cuenten con acompañamiento educativo en el uso de la tecnología.
Presión social
La asociación defiende que es la presión social la que empuja a las familias a adelantar la entrega del primer móvil. “Muchas veces las familias no están convencidas, pero lo hacen de forma automática”, indica Sesma.
Frente a ello, el movimiento apuesta por generar acuerdos colectivos que permitan “dar la vuelta” a esa dinámica. Según la delegada territorial, cuando la comunidad educativa actúa de forma coordinada, la presión se reduce y se facilita que más menores retrasen el acceso al smartphone.
Altxa Burua organiza charlas, talleres y encuentros periódicos en los que se comparten evidencias científicas y herramientas para el acompañamiento digital de menores
Más allá de las advertencias iniciales, la delegada asegura contar ya con evidencias sobre los efectos de retrasar el uso del móvil: “Lo que nos dicen los propios chavales es que están más tranquilos sin el móvil”.
En los centros donde se han implantado medidas como los espacios libres de smartphones, se han observado entornos “más saludables” y relaciones “más directas y auténticas” entre iguales, en línea con estudios que señalan mejoras en la concentración, el rendimiento académico y la convivencia, así como una reducción del acoso escolar y la dependencia tecnológica. Estos resultados se apoyan, según la entidad, en el respaldo de profesionales del ámbito sanitario, educativo y de protección de datos.
La implicación de los centros educativos ha sido un gran apoyo para el proyecto. “Sin la colaboración del profesorado y las direcciones no se conseguiría el objetivo fijado”, reconoce Sesma. En este sentido, los centros que se suman adoptan compromisos como limitar el uso de móviles dentro de sus instalaciones y participar en actividades formativas.
En algunos casos, como en la comarca de Aiaraldea, se han generado redes completas que integran a centros públicos, concertados e ikastolas.
Altxa Burua
Altxa Burua organiza charlas, talleres y encuentros periódicos en los que se comparten evidencias científicas y herramientas para el acompañamiento digital de menores.
“El objetivo es formarnos y conocer qué evidencias tenemos para proteger a los menores”, explica la delegada. Estas acciones están dirigidas a promover una digitalización basada en criterios de salud y evidencia científica, que permita un uso responsable y consciente de la tecnología.
Tras su constitución como asociación, Altxa Burua se marca como objetivo consolidar alianzas con instituciones educativas, sanitarias y sociales, así como seguir extendiendo los acuerdos que permiten retrasar la edad de acceso al smartphone.
“Queremos crear una red en la que participen todos los agentes de la sociedad, desde instituciones sociales, educativas... y conseguir hacer un proyecto totalmente comunitario”, resume Sesma, con la vista puesta en un modelo que, según defienden, contribuya a un desarrollo más equilibrado de niños, niñas y adolescentes.
