- El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, criticó ayer con dureza el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones del PP, que calificó como “el peor de los daños”, y que podría haber conllevado un recorte de futuras pensiones de hasta 485 euros al mes. Durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo para explicar el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá este factor ya derogado, Escrivá tachó ese anterior diseño de “totalmente inadecuado” para afrontar la situación que tendrá el sistema con la jubilación de la generación del baby boom.
Junto a esto criticó que cargaba “de forma exclusiva y desproporcionada sobre los mas jóvenes” y puso algunos ejemplos para ilustrarlo. Así, explicó que para una pensión de 1.000 euros de un trabajador de 58 años que se jubile en 2030 ese factor, que nunca llegó a aplicarse, habría supuesto un recorte de 67 euros, unas cuantías que se elevan conforme la pensión es mayor y más joven es el empleado hasta llegar a 485 euros al mes para una pensión de 2.500 euros de un trabajador de 18 años que se jubilara en 2070.
Junto a estos números, Escrivá apuntó que este factor “políticamente insostenible” dañó la credibilidad del sistema y de España ante Europa. “Es el peor de los daños que se puede hacer al sistema”, zanjó Escrivá, que defendió, frente a esto, el mecanismo alternativo acordado con los sindicatos y que conllevará un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante diez años para crear un “colchón”, en el fondo de reserva de la Seguridad Social, que permita hacer frente al gasto que supondrá la jubilación de esas generaciones más numerosas.
Escrivá señaló que ese mecanismo supondrá 12 euros de aportación para un salario medio y ha rechazado que ese incremento de las cotizaciones pueda dañar la competitividad de las empresas al elevar sus costes laborales. Las cotizaciones sociales en España, defendió, suponen el 13,7% del PIB y con este alza pasarán a ser el 13,9% del PIB, por debajo de la media de la zona euro. Sobre el “colchón” que se podrá crear, Escrivá apuntó que, entre esas dotaciones finalistas vía alza de las cotizaciones sociales y la rentabilidad generada, la hucha de las pensiones podría sumar entre 40.000 y 44.000 millones en 2032, lo que supone un 2,3% del PIB.
El Gobierno pactó este pasado lunes, último día del plazo previsto para el acuerdo, solo con los sindicatos este mecanismo que ahora debe introducirse vía enmienda en la ley que se tramita en el Congreso. La patronal, que sí suscribió en julio el pacto del que emana esa norma en tramitación, se descolgó del mecanismo al rechazar un alza de las cotizaciones sociales y el impacto que pueda tener en el empleo y considera que su diseño era “insuficiente” para el problema.
Además, Escrivá explicó que espera acordar en el primer trimestre de 2022 el número de tramos y el periodo en el que se va a desplegar el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales. El ministro enumeró los principales elementos del segundo bloque de reformas para el próximo año. Junto a estos cambio en la forma de cotizar de los autónomos, que no se prevé que empiece a operar antes de 2023, Escrivá señaló que en 2022 se abordara el tema de la adecuación a las nuevas carreras profesionales al periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.
El objetivo en este punto, que ha generado polémica, es “reforzar la contributividad” del sistema de pensiones y “hacerlo más equitativo” en un contexto de mayor heterogeneidad de carreras en el mercado laboral actual, incidió Escrivá. A principios de año, añadió, “empezaremos a hablar con los agentes sociales sobre este tema y haremos cálculos para traer una propuesta al Parlamento”. También se abordará el próximo año, en el segundo semestre, el aumento de las bases máximas “acompañado de un aumento de las pensiones máximas que mantenga intacta la contributividad del sistema”.
“Este factor políticamente insostenible dañó la credibilidad del sistema y de España”
Ministro de Seguridad Social
