La sentencia judicial del TSJPV anulando el ERE de la compañía siderúrgica Tubacex y emplazando a la empresa a readmitir a los trabajadores despedidos alegando que la crisis es coyuntural, vinculada a la pandemia de coronavirus, y no estructural, debido a la caída de la demanda de petróleo por la transición energética hacia una sociedad más electrificada, ha puesto sobre la mesa el marco legal en el que tienen que trabajar las empresas en Euskadi.
Al menos eso considera la organización empresarial vasca Confebask que reclama “más seguridad jurídica” para las actuaciones empresariales, algo que, a falta de una decisión definitiva del Tribunal Supremo que genere jurisprudencia, no está muy claro cuando en el País Vasco a unas empresas como Tubacex o PCB los tribunales les impide despedir por considerar que sus pérdidas son coyunturales por el covid, y a otras, Aernnova, sí se les permite porque consideran que sus malos resultados se deben a causas estructurales.
“Necesitamos más seguridad jurídica. No es posible que, ante casos equivalentes de empresas en apuros por causas estructurales, nos encontremos con sentencias contradictorias”, insisten en señalar fuentes de Confebask. Aunque la organización empresarial vasca no hace referencia a casos de empresas concretas, sí recuerdan que “las compañías no tienen más remedio que adaptarse a un mercado cambiante. Y eso, hay veces, que exige ajustes”.
Para Confebask, el mejor camino para evitar decisiones traumáticas como son los despidos “es poder tener una imprescindible flexibilidad interna”. Fuentes empresariales vascas indican que “si no se acepta la realidad, si todo son dificultades para un ajuste no traumático, pero ajuste a fin de cuentas porque supone un sacrificio para todos, es lógico que al final las situaciones se agraven y deriven en decisiones traumáticas”.
Mientras la dirección de la empresa reitera que su problema es estructural, los sindicatos insisten en que los problemas de Tubacex son coyunturales derivados de la caída de la demanda por la pandemia por lo que, además de felicitarse por la sentencia, se vuelcan en pedir la readmisión inmediata de los despedidos.
En este sentido, la representación de ELA en los comités de las dos filiales de Tubacex afectadas por las resoluciones judiciales, TTI y Aceralava, ha exigido el cumplimiento “inmediato” por Tubacex de las sentencias del TSJPV que declaran nulos los despidos de 129 trabajadores en las plantas de Laudio y Amurrio. ELA adelantó ayer que, en el caso de que la empresa no reincorpore a los despedidos en cinco días, estudiará continuar con la huelga, de la que se cumplen 147 días, según el delegado de ELA en el grupo, Eduardo Ibernia. En este sentido, el comité pidió ayer una reunión a la dirección de Tubacex para aclarar “todas las derivadas” que se puedan dar en la ejecución de la sentencia.
El representante sindical calificó de “muy valiosa” la decisión de la Sala de lo Social del TSJPV y un “motivo de satisfacción y de alivio” que los juzgados hayan concluido que no existen “causas productivas, económicas y organizativas” para aplicar los 129 despidos, 103 en TTI y 26 en Aceralava.
Según Ibernia, estas dos sentencias “destapan la actuación fraudulenta de la dirección de empresa y demuestra “lo absurdo de estos ERES”.
En este sentido, ELA, al igual que otros sindicatos, pidió una vez más que se derogue la reforma laboral de 2013 que hasta ahora “ha permitido despedir tan alegremente” y propicia que firmas como Tubacex, “aprovechen la pandemia para despedir y echar abajo el convenio colectivo”.
El abogado de ELA, Alberto Abasolo, señaló que “lo que vienen a decir la sentencia es que Tubacex ha inflado las pérdidas para llevar a cabo los despidos”.
“La sentencia viene a decir que Tubacex ha inflado artificialmente las pérdidas para despedir”
Abogado de ELA
