- El Gobierno español ha previsto implementar el 21 de mayo del próximo año una medida que permite incrementar en cuatro toneladas la capacidad máxima de carga de los camiones hasta llegar a las 44 toneladas, lo que ha sido duramente contestado por el sector del transporte por carretera, que se opone por las consecuencias en la bajada de precios y exceso de la oferta que representaría. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte por Carretera, Fenadismer, calcula que esta medida podría dejar sin trabajo al 30% de la flota de camiones actual.

La federación se basa en un estudio elaborado por las profesoras de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV, Sara Cabezudo y Miriam Peñalba, que cifra en un 13,7% la reducción de viajes y, por consiguiente, de flota que provocaría el aumento a 44 toneladas la carga máxima de transporte. Estos cálculos, sin embargo, se han realizado con datos correspondientes a 2018, cuando la situación económica se encontraba estable, pero las repercusiones se recrudecen tras la irrupción de la crisis del coronavirus.

Así lo constató Julio Villaescusa, presidente de Fenasdimer, durante la presentación en Donostia de este estudio, promovido por Fundación Pepe Iglesias, Fundación Guitrans, Fundación Quijote para el Transporte y Fundación Ricardo Díaz. Villaescusa señaló que las previsiones apuntan a que la economía caerá entre el 9% y el 16%, de lo que se deduce que el exceso de la oferta de transporte podría llegar al 30%.

El estudio de las profesoras de la UPV realiza un análisis de cómo afectaría la ampliación a las 44 toneladas en diversas variantes, como las repercusiones económicas, el impacto en las infraestructuras, el impacto ambiental y la incidencia en la seguridad vial.

En el apartado de negocio, destaca el descenso del 13,7% de viajes y flota en un escenario de estabilidad económica. Siendo optimistas y pensando que la demanda crece, las empresas de transporte podrían aumentar su facturación. Pero en una situación más normal con la demanda invariable, algunas operaciones podrían dejar de ser necesarias. Los cálculos apuntan a que uno de cada siete camiones que en la actualidad circulan por las carreteras saldrían de ellas por falta de carga que transportar. En este último extremo, el estudio considera que las compañías grandes podrían adaptarse a la nueva situación, pero las pequeñas deberían elegir entre mantener la flota y subir el precio de la tonelada transportada, o prescindir de camiones y de puestos de trabajo. En este punto, Guitrans coincide con Fenadismer al recomendar que la ampliación a 44 toneladas de la carga máxima permitida se analice una vez superada la crisis sanitaria y económica actual para no recrudecer los efectos de la medida.

Otra de las variables que analiza el estudio es el impacto en las infraestructuras viarias, donde se deduce que aumenta la agresividad sobre el firme. Este mayor peso transportado produce un deterioro en las carreteras que el estudio cifra entre el 42% y el 59% superior al actual, dependiendo del tipo de firme. Respecto a otra de las cuestiones analizadas, el impacto ambiental de la medida, concluyen que a mayor carga, menos viajes y en consecuencia menor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera que, según sus cálculos, se reduciría alrededor del 3,7%.

AECOC. La postura de las empresas cargadoras, en cambio, es muy diferente. El director de logística de AECOC, la patronal de la gran distribución, Alejandro Sánchez, se muestra favorable a la medida puesto que con ella se incrementaría un 10% la productividad, según defiende. En negociaciones directas con el Ministerio de Fomento, Sánchez asegura que el borrador de la medida se ha modificado con el objetivo de incorporar mejoras para el sector del transporte por carretera. Afirma que "no es la idea de más toneladas, mismo precio" porque avanza que los cargadores son conscientes de que esta medida incrementará un 2% los costes para el transportista. Además, consideró en una intervención durante la presentación del Foro de Transportes de AECOC que estos profesionales de la carretera "no tendrán que hacer nuevas inversiones, que en los tiempos actuales sería complicado".

Las grandes empresas podrían adaptarse a la situación, pero las pequeñas tendrían que aumentar precios o reducir flota