- La Comisión Europea recomendó ayer a España que refuerce su sistema sanitario después de que el brote de coronavirus haya revelado "problemas estructurales", y que tome medidas para proteger el empleo y la renta de las familias para hacer frente a la pandemia e impulsar la recuperación en 2020 y 2021.
El Ejecutivo comunitario publicó sus recomendaciones de política económica para los países de la UE que, por la crisis, no se centran en evaluar el cumplimiento fiscal, como es habitual, sino en darles orientaciones para paliar el impacto inmediato de la pandemia y relanzar el crecimiento.
"La prioridad será invertir en salud, proteger el empleo, asegurar liquidez a las empresas y abordar el impacto sobre la sociedad. Esto permitirá preservar la capacidad de producción y será un colchón para el impacto sobre trabajadores y empresas", resumió el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
La Comisión pide a España "reforzar la resiliencia y capacidad del sistema sanitario" en lo que respecta a salud de sus trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura, y destaca que su desempeño, bajo una "presión sin precedentes", está siendo bueno "a pesar del bajo nivel de inversión".
"La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos derivados de la falta de inversión en infraestructuras físicas y defectos en contratación y condiciones de trabajadores sanitarios", dice el informe.
Bruselas subraya que habrá que seguir garantizando el acceso a cuidados médicos y sociales para las personas con discapacidades y los mayores en residencias, así como asegurar que la disminución de recursos por la recesión no afecta a la cobertura sanitaria de los ciudadanos.
La Comisión recomienda adoptar medidas para impulsar el empleo, con acciones para preservar empleos e incentivos efectivos a la contratación y formación ante una crisis que hará que el PIB se contraiga hasta un 9,4% y el paro escale al 18,9% este año.
Bruselas reconoce que el impacto sobre el empleo se ha mitigado por el uso de los ERTE, pero advierte de que "las consecuencias de la pandemia se verán agravadas en España" por el alto número de pymes, el peso en la economía de sectores muy afectados, como el turismo y el comercio minorista; y por la elevada proporción de trabajadores temporales (26,3 %).
El informe le insta a proteger los ingresos de los hogares, reforzado la protección por desempleo de los trabajadores temporales y autónomos, y mejorando las ayudas a las familias y los esquemas de ingresos mínimos.
"La crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre familias con niños", advierte la Comisión, que subraya que la protección social se está orientando sobre todo a los mayores, a través de las pensiones, mientras que la pandemia requiere "una solidaridad intergeneracional en favor de los jóvenes".
El informe da cuenta del ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno, pero señala que todavía no puede evaluar su impacto sobre la pobreza y su sostenibilidad a medio plazo.
La Comisión pide a España que implemente de forma rápida y eficiente las medidas aprobadas para dar liquidez a las empresas, y subraya que deben evitarse los retrasos en pagos y las trabas burocráticas.
"Será importante adelantar proyectos de inversiones públicas ya maduros y promover la inversión privada, a través de las reformas relevantes".
Bruselas insta a mejorar productividad, innovación y a invertir en digitalización, en particular de escuelas y áreas rurales, así como en transición ecológica. "La transformación de España en una economía climáticamente neutra requerirá grandes inversiones en energías renovables, eficiencia energética y transporte sostenible".
La CE insta por último a mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y a reforzar el marco de licitaciones públicas.
26,3%
La CE advierte de que las consecuencias de la pandemia se agravarán en España, entre otras razones, por contar con un 26,3% de trabajadores temporales.
Justificado. La Comisión considera que en España, como en el resto de países, está "justificado" mantener las políticas fiscales de apoyo, con gasto público o rebajas fiscales, para hacer frente al coronavirus. Bruselas suspendió temporalmente las normas de disciplina fiscal comunitarias para dejar margen a estas políticas y no expedientará a los países que rebasen los límites de déficit o deuda por respuesta a la pandemia, la mayoría. Sin embargo, advierte de que "cuando lo permita la economía, las políticas fiscales deberían perseguir lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y asegurar la sostenibilidad de la deuda, mientras se fomenta la inversión"
