Madrid - La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) han denunciado ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea el acuerdo adoptado en diciembre por la FIFA en el cual se prohíbe la participación de terceros en los derechos económicos de los jugadores de fútbol -fórmula conocida como TPO (Third Party Ownership) o como fondos de inversión-.
El pasado 19 de diciembre, la FIFA anunció la prohibición a partir del 1 de mayo de esta práctica, por la que se invierte en los derechos económicos de un futbolista profesional para percibir a cambio parte del montante de sus futuros traspasos, y que está prohibida en países como Francia e Inglaterra, donde se considera que solo sirve para especular con el fútbol, sin aportarle nada.
Para la LFP, esta prohibición “constituye un acuerdo económico que restringe la libertad económica de los clubes, jugadores y terceros sin ninguna justificación ni proporcionalidad. Esta prohibición perjudica a los clubes, principalmente aquellos con menores recursos económicos, impidiéndoles compartir con terceros los derechos económicos de los jugadores profesionales que militan en sus filas, y gestionar de forma más prudente sus obligaciones financieras”.
Además, el organismo manifiesta que la prohibición también perjudica “la formación de docenas de jugadores, cuyas carreras profesionales se han apoyado en los medios humanos, técnicos y económicos de terceros” y que “excluye totalmente a los terceros de la gestión de derechos económicos de futbolistas, una actividad que llevan realizando legítimamente en la inmensa mayoría de ligas profesionales del mundo”.
De la misma forma, la LFP señala que esta denuncia “argumenta detalladamente” que la prohibición “vulnera las normas de defensa de la competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea” y “las libertades fundamentales de establecimiento, prestación de servicios, trabajo y circulación de capitales”.
La LFP y la LPFP “confían” que en que la Comisión Europea actúe con “celeridad, iniciando el pertinente expediente sancionador contra la FIFA y anulando la prohibición de los TPO, que permitirá “a todos los perjudicados en la UE reclamar las indemnizaciones económicas pertinentes contra la FIFA”. - E.P.
